Caso Ferrovial: una cuestión privada en la que el Gobierno excede sus funciones

Ferrovial celebra este jueves una junta general de accionistas histórica. Sus propietarios votarán una operación -la fusión por absorción de Ferrovial SA por Ferrovial International-, a propuesta del consejo de administración, con la que cambiaría su sede social desde España a Países Bajos para comenzar a cotizar en el Euronext de Ámsterdam -sin dejar de hacerlo en las bolsas españolas- y, en última instancia, dar el salto a al parqué en Nueva York (Estados Unidos).

Ferrovial anunció la propuesta del consejo el pasado 28 de febrero y, de inmediato, el Gobierno en tromba, con el presidente Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera Nadia Calviño, a la cabeza, inició una campaña pública sin precedentes contra la decisión, en la que no faltaron descalificaciones personales hacia el primer ejecutivo, hijo del fundador y máximo accionista de la compañía, Rafael del Pino.

Sánchez cuestionó el patriotismo de Del Pino; Calviño, con una larga trayectoria en la Comisión Europea previa a su desembarco en el Ejecutivo español, criticó "la falta de compromiso" de Ferrovial y llegó a asegurar que la empresa "debe todo a España"; la vicepresidenta segunda, Yolanda, Díaz, acusó de "indignidad" la medida; y miembros de Unidas Podemos fueron más allá y exigieron que devolviera las ayudas públicas recibidas y fuera excluida de los concursos públicos.

Una acción del ámbito particular de una empresa privada, cuyas actividades -construcción y explotación de infraestructuras, básicamente- no son consideradas en absoluto estratégicas, se ha tornado en una cuestión de Estado. Tampoco el volumen de su plantilla -apenas 5.000 empleados en España- o su factura fiscal -seguirá pagando impuestos al Fisco español y la reducción, de haberla, será muy limitada- explican la cruzada emprendida por un gobierno de coalición que, cabe recordar, en los últimos años -y más en los últimos meses- ha hecho del ataque público a grandes enseñas españolas y a empresarios de relieve -Inditex y Amancio Ortega, Mercadona y Juan Roig, el Santander y Ana Botín o ACS y Florentino Pérez, entre otros- su bandera. Ferrovial, de hecho, ha insistido en que la operación en nada afectará a su continuidad operativa en España, donde se mantendrán la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización. También seguirá contribuyendo fiscalmente en España, continuará propiciando oportunidades de negocio en el exterior para sus proveedores e impulsando la competitividad de la economía española.

En la embestida del Gobierno contra Ferrovial no han faltado las amenazas y la injerencia política en asuntos que atañen a estamentos, en teoría, independientes. Todo con el objetivo de influir en los inversores y tumbar la operación. El lunes el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, remitió una carta al consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, y éste le respondió el martes en otra misiva -ambas filtradas desde el Gobierno- haciendo notar la presunta injerencia del número dos de Calviño al prejuzgar la motivación económica de la operación anunciada por la compañía y anticipar que la Agencia Tributaria objetará que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en la directiva Europea de 2009. Esto implicaría un importante castigo fiscal para la empresa. Este miércoles, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha alineado con Economía al asegurar que "no hay ninguna razón del tipo económico" para su traslado. Esto, en su opinión, "lo tiene que conocer la junta para que, si tiene otro motivo, que sea el que impere y no cuestiones que pueden llevar a engaño". Evitó pronunciarse sobre las posibles consecuencias fiscales, que habrán de ser analizadas por la Agencia Tributaria, si bien advirtió de que "cuando no hay razones económicas, hay elementos fiscales que no se pueden aplicar".

El ataque orquestado por el Gobierno contra Ferrovial por mudar su sede a un país de la Unión Europea ha provocado perplejidad entre los inversores internacionales

La beligerancia del Gobierno se germinó desde que Ferrovial anunció una medida de la que Moncloa se enteró apenas unos minutos antes de que la comunicara al mercado. Una desconsideración a ojos de Sánchez, quien ve, además, cómo los partidos de la oposición, en año electoral, están utilizando la marcha de Ferrovial como arma arrojadiza contra sus políticas fiscales y económicas. El Gobierno ha tratado, sin éxito, de rectificar la decisión del consejo de Ferrovial, en la que igualmente observa con temor el efecto llamada para otras empresas.

De cualquier modo, el ataque orquestado por el Gobierno contra Ferrovial por mudar su sede a un país de la Unión Europea ha provocado perplejidad entre los inversores internacionales. Traslada al mundo financiero la peor carta de presentación de un país que quiere atraer capital extranjero al dejar en entredicho la seguridad jurídica en España. Esa que Ferrovial ensalzó al enumerar las bondades de Países Bajos en la presentación de su proyecto. Fue uno de los puntos que más enfadó a Calviño al interpretar que con ello la compañía dejaba entrever que en España no hay seguridad jurídica, extremo al que en ningún caso ha aludido la empresa, ni en la documentación pública ni en las declaraciones de sus portavoces.

La conexión con Wall Street

Frente a las acusaciones del Gobierno, Ferrovial ha negado que su marcha responda a cuestiones fiscales y ha alegado motivaciones económicas en aras de propiciar su crecimiento. Cotizar en Ámsterdam y, en última instancia en Nueva York, a juicio de la dirección y del consejo de administración del grupo, propiciará una mayor visibilidad internacional para atraer inversores, sobre todo en Estados Unidos, su principal mercado actual y futuro. Asimismo, le permitirá rebajar sus costes de financiación -Países Bajos tiene calificación triple A-.

Superada la cuestión fiscal, el Ejecutivo transfirió el debate a una esfera más técnica: la conexión entre las bolsas española y estadounidense. Para poder cotizar en Wall Street, la multinacional ha recurrido a una vía ya utilizada por al menos 22 empresas europeas: hacerlo primero en el Euronext de Ámsterdam. En la actualidad no están activadas las condiciones técnicas y operativas para que pudiera hacerlo a través de la bolsa española. Pero el Gobierno discrepa porque los análisis de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y Bolsas y Mercados Españoles (BME) concluyen que no hay impedimentos para que se pueda hacer. El problema es que para ello ha de solicitarlo una empresa y ni Ferrovial, ni antes ninguna otra, lo han hecho. Así que dando por cierto que se pueda hacer, el tiempo requerido para ello trastocaría el calendario pretendido por el grupo para aterrizar en la bolsa de Nueva York: antes de final de 2023.

Todo apunta a que Ferrovial podrá consumar la operación, si bien previsiblemente hasta mediados de mayo no podrá confirmarse

Llegados a este punto, el consejo de Ferrovial no ha dudado de su proyecto y lo someterá al escrutinio de los accionistas este jueves. Del Pino llega a la cita con el respaldo de última hora de Norges Bank y de los 'proxy advisors' a los que atienden una mayoría de inversores institucionales. La aprobación será un trámite -sólo necesita superar el 50% del quórum en la junta-. Todo apunta a que Ferrovial podrá consumar la operación, si bien previsiblemente habrá que esperar hasta mediados de mayo para certificar que los accionistas que voten en contra y decidan vender sus acciones no superan el 2,57% del capital, límite fijado por la compañía.