La industria química en España -un sector que integra a más de 3.000 empresas en nuestro país- va a superar este año por primera vez los 60.000 millones de cifra de negocio conjunta. En concreto, según avanzó este lunes la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique), el sector químico español alcanzará a final de año un facturación de 62.371 millones, lo que supone un crecimiento del 5,7% respecto al año anterior, cuando la cifra de negocios alcanzó los 59.020 millones. La patronal del sector también espera que el año 2018 acabe con otro 4,7% de crecimiento, hasta llegar a los 65.272 millones.
"El sector acumulará un avance total desde el comienzo de la crisis en 2007 hasta 2018 del 31,2%, consolidando la evolución positiva que registra desde el año 2013 y apoyándose en el buen comportamiento de la economía española, en el crecimiento de la demanda internacional y en la caída del precio del crudo", aseguró el lunes Antón Valero, presidente de la patronal Feique y de la multinacional Dow Chemical en España.
La industria química en España está liderada por cuatro grandes empresas: Repsol, Cepsa, Dow Chemical y Basf, genera el 12,8% del PIB industrial y supone 585.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos en España. El sector químico es el segundo mayor exportador de la economía española. De hecho, el porcentaje de las ventas que se realiza en mercados internacionales alcanzará este año el 55%. "En los últimos 16 años las exportaciones se han diversificado y han aumentado en países como Estados Unidos, Canadá, China o Suiza", destacó Valero.
Con estos datos, el presidente de Feique pidió abordar ahora de manera definitiva el problema de los altos costes energéticos. "Creemos que es el momento de asumir que parte de los considerados costes sociales incluidos en los peajes deben encontrar acomodo fuera del sistema eléctrico", dijo. El director general de la patronal, Juan Antonio Labat, cifró en 10.000 millones de euros este coste regulado, por lo que abogó por un "traslado gradual de los costes ajenos al consumo eléctrico, como el déficit de tarifa, incentivos a las renovables u otros costes, hacia los Presupuestos Generales del Estado".