
El acuerdo alcanzado entre el Gobierno vasco y el Gobierno central para financiar a partes iguales la deuda de Talgo valorada en 150 millones debe materializarse cuanto antes. Mientras que la aportación nacional se espera para la próxima semana tras su aprobación en el Consejo de la SEPI y su refrendo por el Consejo de Ministros, el calendario para el dinero comprometido por el consorcio vasco parece "más complicado" al intervenir "agentes de diversa naturaleza", según revelan a elEconomista.es fuentes cercanas a la operación. Además del desembolso acordado para comprar el 29,8% del accionariado del fabricante de trenes, dicho consorcio pondrá sobre la mesa 75 millones de euros adicionales.
Una tercera parte será aportada entre José Antonio Jainaga y las fundaciones BBK y Vital, mientras que para obtener los 50 millones restantes, el Gobierno vasco recurrirá a la sociedad Ekarpen, una herramienta financiera creada en 2008 y que ya ha sido utilizada en anteriores operaciones empresariales.
Apoyo a "sectores innovadores"
Ekarpen nació con el objetivo de "prestar apoyo a sectores innovadores con atractivo estratégico para Euskadi, en la consecución de proyectos con alto potencial en la creación de valor y con la dimensión adecuada". Está participada al 49% por instituciones públicas, con un 34,81% en manos del Gobierno vasco, un 7% de la Diputación Foral de Bizkaia, un 4,3% de Gipuzkoa y un 2% de Álava. El 51% de su capital restante pertenece al ámbito privado y se reparte entre Kutxabank, con un 44,4%, y Mondragon Inversiones, con el 7,4%.
Según los estatutos de Ekarpen, gestiona un volumen de inversión de entre 10 y 40 millones de euros para operaciones que pueden estar valoradas entre los 25 y los 400 millones de euros. Su vocación es la de participar como socio minoritario, adquiriendo entre el 10% y el 40% del capital social total con derecho a voto, y con el objetivo de desinvertir después de 6 u 8 años, en función de la rentabilidad de su capital invertido y una vez atendidas las características de la empresa objetivo.
Además, su participación en el capital social se realiza, preferentemente, vía ampliación de capital, aunque también contempla la posibilidad de utilizar la figura de préstamos participativos convertibles. En 2010 dio su primer salto cuantitativo con la inversión de 95 millones de euros en cinco empresas que el Gobierno vasco tildó de "tractoras" para la economía vasca.
Así, entró en Cegasa, que quebraría tres años después, con un préstamo participativo de 20 millones, y con mejor tino en Ulma, con 10 millones. Además, destinó 25 millones para participar al 40% en una filial del grupo Gestamp; otros 25 millones en el 25% de una sociedad participada mayoritariamente por CIE Automotive; y 15 millones más en el 40% del fabricante de componentes eólicos Aeroblade.
Una de sus actuaciones más polémicas fue su fallido "rescate" de 40 millones a Fagor Electrodomésticos apenas unos meses antes de su quiebra en 2013, pero también ha llevado a cabo operaciones de éxito como la de Kaiku, buque insignia en Euskadi, en la que tenía un 7,31 % del grupo lácteo que en 2019 vendió al Gobierno vasco a cambio de 6,6 millones.
Más recientemente, el pasado mes de febrero, trascendía que Ekarpen reforzaba su inversión en la estructura de BeGas para impulsar el crecimiento de esta empresa vasca especializada en la fabricación de motores para vehículos industriales con bioautogás. Y el pasado mes de junio aportaba 4,9 millones en la ronda de ampliación de capital de Multiverse Computing.
Ahora, Ekarpen trata de adaptarse para cubrir las necesidades concretas de Talgo y lograr así salvar la operación, considerada "estratégica", no sólo para el País Vasco sino también para la industria española. Sin embargo, será necesario llevar a cabo una ampliación de capital para poder hacer esta inyección de forma urgente, ya que la liquidez actual de Ekarpen se limita únicamente a 16 millones, y, según su balance, más de 58 millones están invertidos en estos momentos en un variado abanico de compañías.
Por tanto, hay que esperar a que cada una de las entidades que forman parte del fondo canalicen la aportación proporcional que les corresponde hasta cubrir de forma conjunta los 50 millones pendientes. Bajo esta fórmula Kutxabank pondría 22 millones; el Gobierno vasco, 17,4 millones; Mondragon Inversiones, 3,7 millones; y las Diputaciones Forales, 3,5 millones en el caso de Vizcaya; 2,15 millones de Guipúzcoa; y 1 millón de Álava.