La Audiencia Nacional ha designado una administración judicial para las plantas de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés, intervenidas desde hace meses por los indicios de descapitalización en las sucesivas operaciones de venta, de Alcoa a Parter y de este a Grupo Riesgo, lo que supone en la práctica remover a los actuales administradores.
La decisión de la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid se adopta por un periodo de seis meses, aunque es revisable. La adopta, según argumenta, para "asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades".
Según recoge el auto de este 27 de julio, el administrador judicial deberá tomar posesión dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, y procederá, en el plazo de dos meses a emitir informe sobre la solvencia financiera de dicha sociedad.
Según la jueza, en el informe de 11 de junio de 2021 presentado por los interventores judiciales, se describen "determinados hechos que permiten concluir" que las sociedades intervenidas no disponen de procedimientos formalizados y de controles internos que permitan dar "una seguridad razonable en el ejercicio de las funciones de intervención judicial".
También apunta el auto, en referencia a este informe de los interventores, que "las sociedades intervenidas han incumplido de forma reiterada los requerimientos de información realizados por la intervención judicial, así como los contenidos de forma directa en el auto de fecha 27 de abril de 2021, en aspectos que resultan esenciales para conocer la real situación de las empresas".
Además, "se han detectado indicios de falsedad en determinados documentos remitidos a los interventores, así como contradicciones en las manifestaciones realizadas por los gestores de las sociedades intervenidas".
Asimismo, considera que la continuidad de los actuales administradores en la gestión de las sociedades intervenidas "puede suponer un riesgo para la protección del patrimonio de dichas sociedades".
Justamente para "asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades", ve "necesaria la sustitución de la medida cautelar de intervención judicial por una medida cautelar de administración judicial que remueva a dichos administradores de sus actuales responsabilidades".
Por su parte, la empresa va a pedir una aclaración al auto y después, "seguramente", recurrirá la medida, según apuntan fuentes de Alu Ibérica consultadas por Ep.
Y es que recientemente la defensa de Alu Ibérica había alegado ante la titular de este juzgado de la Audiencia Nacional que la administración judicial, en caso de adoptarse, causaría "daños irreversibles" para las fábricas.
Después de trasladarlo en una vista, lo reiteró en un escrito dirigido al juzgado, con fecha de 16 de julio, en el que la empresa rechazaba la administración judicial por ser una medida "gravosa, dañina y desproporcionada".
A su juicio, faltaban "los indicios de delito" y "el presupuesto de apariencia de buen derecho en las tesis de las partes acusadoras, que toda la jurisprudencia exige para imponer la más radical medida de administración judicial".
En este sentido, aseguraba que "no hay indicios ni prueba alguna de descapitalización ni de insolvencia", cuando los indicios de descapitalización son, precisamente, los que llevaron a la jueza a tomar la decisión de la intervención.
Precisamente para este jueves, según informa el comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña, el Ministerio de Industria ha convocado una reunión a las 18,00 horas en la Delegación del Gobierno.
Por parte de las administraciones acudirán la ministra, Reyes Maroto; el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde; el director general del gabinete de la ministra, la subdelegada del Gobierno en A Coruña y representantes de Abogacía del Estado, según apunta el comité.