El reciente acuerdo tributario sellado con Argentina ayudará a Uruguay a lavar su imagen internacional pero genera temores por el posible impacto negativo que puede tener en la inversión argentina en el país y su falta de oportunidad pues coincide con la polémica expropiación de YPF.
Para el experto Carlos Loaiza, "el acuerdo está bien negociado por Uruguay al incorporar una cláusula para evitar la doble imposición", un punto siempre atractivo para los inversores pero al que Buenos Aires se está resistiendo en sus convenios, como ha sucedido ya con Austria, Chile y Suiza, remarcó.
Otro logro de Montevideo es que el documento "especifica que se tiene que hacer una solicitud expresa" para obtener información del otro país, lo cual ofrece a Uruguay la "posibilidad de denegar el requerimiento"
El acuerdo "no puede ir más allá de las facultades de la legislación local" y en Uruguay el "levantamiento de secreto bancario obliga a la intervención de un juez" y ofrece "una posibilidad de defensa del contribuyente".
Esto, aunque no le gusta a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), puede frenar una eventual persecución de las autoridades argentinas a los cientos de ciudadanos que tienen inversiones en territorio uruguayo, valoradas en muchos millones de dólares.
Durante años la OCDE ha situado a Uruguay entre los países menos transparentes en materia fiscal pero en los últimos meses ha rebajado sus críticas gracias, entre otras cosas, a que el pequeño país sudamericano ha firmado una veintena de convenios bilaterales como el suscrito esta semana con Argentina.
En la discusión pública del proyecto de ley el sector privado presionó a las autoridades para frenar la rigidez que la OCDE exige y "que los argentinos pudieran seguir invirtiendo sin que se supiera la identidad de los accionistas" en determinados casos, como en el sector inmobiliario, explica.
Otra de las dudas que planean sobre el convenio se refiere al cumplimiento de su carácter no retroactivo, cuestionado por expertos argentinos.
Esos analistas recuerdan que el período para exigir el pago de impuestos a las ganancias y sobre los bienes patrimoniales en su país es de cinco años, por lo cual el fisco argentino podría requerir a Uruguay documentos que indirectamente den cuenta del tiempo que se poseen activos no declarados en Uruguay.
