México rechazó suprimir el arraigo judicial, que obliga a una persona, por orden de las autoridades, a permanecer en arresto domiciliario sin inculpación, a pesar de la recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
"Se trata de una medida cautelar que se aplica únicamente para casos de delincuencia organizada y está sujeto a estrictos controles legales", anunció José Guevara, el representante de México, al presentar en Ginebra un documento que justifica la negativa.
"La legislación de ciertos países permite la detención por tiempo prolongado antes de fincar cargos en caso de ciertos delitos graves, mientras se realiza una investigación, sujetándola a control judicial. Por todo lo anterior el Estado Mexicano no apoya la recomendación", dice el documento hecho público en Ginebra por la delegación del país latinoamericano.
México, que en febrero fue sometida al Examen Periódico Universal (EPU), instaurado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, había aceptado 83 recomendaciones, dejando 8 en espera, una de ellas la relativa al arraigo.
