El fracaso en el Parlamento de los Presupuestos de 2019 ha privado a la economía de la amenaza que suponían medidas como la masiva alza de impuestos en todos los frentes (Sociedades, IRPF, cotizaciones...) que el Gobierno planeaba.
Eso no significa que el Ejecutivo se haya inhibido de tomar decisiones, cuyos perjuicios potenciales resultan muy semejantes. De hecho, varias de ellas ya están en vigor, como la subida de sueldos de los funcionarios. En los siguientes Consejos de Ministros se esperan aún más pasos en este sentido, en especial, la puesta en marcha de una nueva oferta de empleo público que puede superar las 30.000 plazas ofertadas en 2018.
En conjunto, la Administración se aboca a llegar al 28 de abril con 5.170 millones más de gasto, comprometidos antes de los comicios de ese día con claros fines electoralistas. Dado que es probable que el Gobierno que se constituya no esté operativo antes del verano, el margen de maniobra es mínimo para contrarrestar los efectos de tan cuantiosa subida.
En consecuencia, la expectativa del Banco de España de que el déficit se vaya hasta el 2,4% puede quedarse corta, de modo que el desequilibrio alcance el entorno del 3% que el Pacto de Estabilidad de la UE establece como límite. En paralelo, crecerán otros desequilibrios sobre los que Bruselas también ha alertado recientemente, como la deuda.
Son los peligros que implica una subida del gasto público que llega en el peor momento, con la economía desacelerando y graves incertidumbres en el panorama internacional. La situación requiere ajustes del desembolso, aunque sea muy improbable que un Gobierno de corte socialista, y en vísperas electorales, vaya a asumirlos.