Las Administraciones madrileñas no solo impidieron que el Paseo de la Castellana quedara secuestrado por las protestas de los taxistas. Además, el Gobierno autonómico insiste en que descarta imitar a la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, tolerantes con las trabas a los servicios VTC, como imponer una antelación en su reserva de una hora. La CNMC ya dejó claro que todo preaviso de este tipo supone violar la competencia.
En este contexto, sería una irresponsabilidad si las autoridades se prestaran a unas concesiones que atentan contra el libre mercado, tal y como se define en la Constitución y en la normativa europea. Por lo tanto, el Ejecutivo madrileño acierta al mostrarse firme, pese a todas las presiones que el gremio continúa ejerciendo.