En los últimos años el número de comercios que distribuyen sus productos a través de plataformas electrónicas ha crecido de forma exponencial. Cada vez hay más posibilidades para adquirir un producto o servicio desde casa y a cualquier hora, lo que resulta muy útil para quienes no disponen del tiempo suficiente.
Esta nueva forma de comercio se basa en modelos de negocio digitales caracterizados por la falta de presencia física en los países en los que comercializan sus productos. Sin embargo, la normativa fiscal actual fue concebida para empresas tradicionales y se basa en el principio de imposición de los beneficios en el lugar donde se genera el valor.
Ante esta situación, las administraciones públicas se han visto en la necesidad de reconocer que la normativa fiscal actual se ha quedado obsoleta, pues no resulta apropiada para gravar los beneficios generados por la digitalización de la economía. Una de las consecuencias de esta digitalización es la globalización del mercado, de forma que muchas de estas cuestiones no puedan ser reguladas desde la óptica unilateral de cada Estado, si no que necesitan regulaciones homogéneas y transfronterizas para que realmente sean eficaces.
España será el primer país de la UE que se adapta a la estructura prevista por la directiva
Como muestra de la preocupación que existe a nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), elaboró un informe provisional relativo a "Los Desafíos Fiscales derivados de la Digitalización" que fue presentado hace unos meses a los Ministros de Finanzas del G-20 y que hace hincapié en la necesidad de adaptar el sistema tributario internacional a las necesidades de la economía digital, así como a la aplicación de medidas provisionales para hacer frente a la actual situación de desfiscalización. Ante esta situación, el Consejo Europeo ha elaborado una Propuesta de Directiva para gravar los ingresos de la prestación de determinados servicios digitales.
El objetivo de esta Directiva es que sea sencilla de introducir en el mercado y que equilibre la fiscalidad de las empresas tradicionales y las digitales mediante un nuevo tributo denominado Impuesto sobre los Servicios Digitales (ISD). A través de este Impuesto lo que se pretende es gravar los beneficios generados a través de cualquier interfaz digital.
Las disposiciones de esta directiva no comenzarán a aplicarse hasta 2020. Sin embargo, la actual ministra de Hacienda ya ha dado a conocer la aprobación, del anteproyecto de ley del ISD, incluido dentro de los presupuestos generales del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que supone que España será el primer país de la Unión que se adapta a la estructura prevista por la directiva.
Abarcar a empresas mundiales de mayor envergadura
En concreto, el anteproyecto, establece que serán sujetos pasivos del ISD aquellas personas jurídicas cuyo importe total de ingresos mundiales imponibles en el ejercicio anterior supere los 750 millones de euros y aquellas cuyo importe total de ingresos procedentes de la prestación de servicios digitales afectados por el impuesto superen los tres millones de euros en España. Se pretende así abarcar aquellas grandes empresas mundiales de mayor envergadura que son capaces de atraer a un número elevadísimo de usuarios. Por otro lado, el segundo umbral incluye compañías cuyo ámbito de operaciones digitales supongan una huella digital significativa en el territorio de aplicación del ISD. A estos efectos, se entenderá producida dicha circunstancia cuando, conforme a la dirección de IP, se entienda que los usuarios de los referidos servicios se encuentran situados en ese territorio.
El tipo impositivo de este impuesto consistirá en un tipo único del 3% de los ingresos imponibles. Además, se fijan una serie de obligaciones formales y se dispone que, en caso de incumplimiento, será de aplicación lo establecido en la Ley General Tributaria en materia de infracciones y sanciones. De lo analizado se deduce que, si bien de forma lenta, en el horizonte ya asoman las primeras señales que indican que se ha iniciado el camino para la transformación de los viejos y obsoletos sistemas tributarios a la economía del siglo XXI.
