Como es habitual, los gobiernos de España suelen dejar lejos de la política energética sus efectos sobre la economía real. La gestión política de la energía va normalmente por derroteros distintos, sin darse cuenta de que las decisiones sobre la energía pueden perjudicar a la economía. Una energía cara o un mix energético impropio van en contra de la creación de riqueza. Sin embargo, lo normal es ver a los responsables ministeriales mirando a la energía desde el medio ambiente; o, en su caso, esforzándose en reducir los déficits; o, en último término, tratando de gestionar el irresoluble problema del carbón. A lo que hay que añadir el interés que muestran por subir los impuestos de los hidrocarburos con el fin de aumentar la recaudación. Sin tener nunca en cuenta el efecto que todo esto puede tener sobre la economía real.
El nuevo Gobierno ha optado por llamar a esa competencia "transición energética"; quizás, como resultado de los trabajos de la Comisión de Expertos sobre transición energética creada por el anterior ministro, cuyo informe final fue presentado en el mes de abril. Una comisión que tuvo, como siempre, la mirada concentrada en lo energético. Nada dijeron de los efectos que pueden tener las decisiones que puedan tomarse sobre la energía en la industria, en el transporte, o en la economía en general. En su informe se concentran en discutir los problemas relacionados con la posible reducción de la demanda; lo que sucedería con el cierre de las centrales nucleares y su efecto sobre el precio del kilovatio; qué hacer con el parque de carbón; lo que pasaría si se optara por un desarrollo extremo de las energías renovables; cómo afectarían los problemas de las emisiones de gases de efecto invernadero y el coste asociado con las compras de derechos de emisión; el problema de las redes de distribución y de las interconexiones con Francia (tema sobre el que nadie habla de su coste ni cómo se pagaría); el tema de la pobreza energética; el permanente capítulo de la movilidad eléctrica; y por no seguir, hasta se trató el asunto de la gobernanza del sector.
Todo se hizo desde una visión de la energía para la energía, sin analizar su impacto sobre la economía; eso, como es habitual, quedó en tierra de nadie. Sin embargo, la energía impacta severamente en la economía real y, por tanto, en los puestos de trabajo y en el desarrollo de la industria. Aspectos que parecen extraños a los expertos energéticos: poco les preocupa y, por supuesto, menos parece preocupar a los responsables políticos que gestionan esa materia. Así, estamos oyendo que hay que subir los precios del diésel o que hay que limitar el transporte por carretera; sin dar ninguna alternativa a cambio. Asuntos todos ellos muy relevantes si solo se atiende al medio ambiente que, con ser fundamental, no quita para que haya que considerar otros no menos importantes, como son, por ejemplo, el peso de la industria en la generación de riqueza. Y, en especial, la importancia que tiene la industria de la automoción en nuestro país.
Desconozco si hay algún responsable político que esté analizando el efecto que puedan tener una u otra política energética en la industria del automóvil en España, y si alguien es consciente de lo que se puede derivar de las decisiones que allí se tomen sobre un sector tan intensivo en capital y trabajo, por usar términos económicos tradicionales. Daremos algunos datos. La automoción representa en España el 11% del PIB. Es decir, una facturación superior a los 100.000 millones de euros. Un sector que retribuyó a la Hacienda Pública con unos 30.000 millones de euros en 2017. Una industria, la octava del mundo, donde trabajan más de 300.000 profesionales; que se concentra además, principalmente, en Euskadi y Navarra y, por supuesto, Cataluña (sin olvidar su peso en Castilla y León, y Galicia). En Navarra, por ejemplo, el sector industrial, donde el automóvil es el de mayor peso, suma alrededor del 32% de su PIB: 12 puntos porcentuales por encima de la media europea y 14 puntos más que la media española. Y si vamos al cluster de automoción en Euskadi nos encontramos con que su facturación es de unos 20.000 millones de euros, con una masa laboral en todo el mundo de 85.000 personas. Hagan la cuenta y verán cómo influye esta industria en una zona cuyo PIB es del orden de los 73.000 millones de euros. A todo lo cual habría que añadir la importancia que tiene el GLP (gas licuado del petróleo) en la automoción. Un combustible utilizado en 35 diferentes modelos de vehículos en España; que es, por otra parte, clave en nuestra industria energética; hoy en proceso de consolidación gracias a la inteligente operación corporativa que ha realizado Repsol dentro del sector eléctrico. A la vista de lo anterior, nos parece que es hora de que la transición energética se lleve a cabo con una perspectiva más amplia, donde debe entrar la importancia de la industria en la ecuación. De no hacerse los perjuicios pueden ser irreparables.
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