Los periodistas y analistas políticos llevamos unos cuantos días tratando de adivinar cómo será la reunión del próximo lunes entre el presidente Pedro Sánchez y el president Quim Torra en La Moncloa. Las relaciones institucionales llevan demasiado tiempo rotas y, pese a que las palabras y las acciones que llegan desde Cataluña ayudan poco a normalizar la situación, hace bien el jefe del Ejecutivo en explorar el diálogo y la buena voluntad como herramientas de convicción, por mucho que pensemos que será inútil lograr resultado alguno. Sólo con comprender que este paso del día 9 habría sido casi imposible con Rajoy en la presidencia se puede concluir algo positivo sobre la utilidad del cambio de Gobierno.
Los partidos que conforman el Ejecutivo autonómico catalán han experimentado en las últimas fechas un cambio que conviene subrayar. Torra explotó hasta la saciedad la exigencia de máximos en sus primeras comparecencias tras su elección como cuarta opción del independentismo (Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull le precedieron en el intento). El mandato imaginario del 1 de octubre, la fecha del referéndum ilegal, y la aspiración de la república catalana marcaron aquellas intervenciones del president nada más llegar a Sant Jaume. No se bajaba de ese caballo ni en España, ni en Berlín ni en Bruselas. Una letanía repicante acompañaba siempre sus declaraciones con ese mandato que conduciría a Cataluña a levantar la suspensión de la declaración de independencia y a intentar ser reconocida como Estado unilateralmente establecido.
ERC y PDeCAT han regresado a la pantalla del referéndum y del derecho a decidir cuando parecía superada
Desde que se ha puesto fecha a la reunión con Pedro Sánchez, la estrategia de máximos ha girado para ERC y PDeCAT. Han vuelto a la casilla del referéndum de autodeterminación, a la pantalla del derecho a decidir, cuando se suponía por sus advertencias anteriores que lo ocurrido en septiembre y octubre superaba ya la exigencia de una consulta que según ellos se celebró y de la que emanó un mandato del pueblo catalán ineludible y futurible. Torra, Tardá y Artadi han venido a decir en estos días de estío que el día 1 de octubre no se celebró ningún referéndum con validez en el que naciera un encargo del pueblo a sus dirigentes y que no existió ninguna declaración de independencia ni en diferido ni en directo.
Cómo interpretar esta nueva posición es aún prematuro. Viendo la división de opiniones en ese bloque disperso geográfica e ideológicamente, resulta una temeridad considerar siquiera que es estratégico el paso que ahora se está dando, pero es una realidad que al Gobierno español se le está poniendo en la disyuntiva de desautorizar la realización de algo que en el imaginario colectivo del independentismo ya ha ocurrido.
Las cortapisas que no existirán en la conversación de los dos líderes sabe muy bien el Gobierno de Sánchez cuando tendrán que aparecer. En apariencia han dicho a los separatistas, con el fin de que no se salieran de la nueva mayoría parlamentaria ecléctica a las primeras de cambio, que se escuchará cualquier cosa que digan y que pidan con talante abierto. Pero no se les ha anticipado que la respuesta a según qué peticiones sólo podrá ser una, negativa para más señas.
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