Las poco afortunadas declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que negaba que se hubiera producido malversación por parte del independentismo en el llamado procés han hecho un daño considerable a la instrucción de la causa. Puede que no desde un punto de vista de la aportación o credibilidad de las pruebas, pero sí que han sembrado dudas en un asunto que necesita de la máxima claridad y que no perdona ni el más mínimo error para que el secesionismo no lo aproveche en la construcción de su realidad paralela.
Y el caso es que la polvareda que se ha levantado hubiera quedado en poca cosa con un poco más de prudencia por parte del ministro. Con un "hasta donde yo puedo saber", o un más concreto "nosotros podemos responder por los pagos desde que se implantó el 155, pero no antes"... Algo así. Pero la realidad es que no lo hizo.
Negó la malversación sin matices y ahora la causa sufre otro golpe que viene a sumarse al propinado por los jueces alemanes, que dudaron de que exista delito de rebelión. ¿Hubieran dudado también si el caso lo hubiera protagonizado un Länder (estado federal) alemán o es que España debe demostrar un plus de buenas prácticas democráticas por alguna razón que no conocemos?
La duda de los jueces germanos, que para algunos demostrará una pureza teórica encomiable, en realidad ilustra la poca convicción con la que Europa afronta una de las más peligrosas amenazas que minan su estructura: la proliferación de los nacionalismos. Éstos son como pequeñas minas, poco peligrosas una por una, pero con capacidad de tumbar el edificio europeo en cuanto se junten unas cuantas y actúen contra los pilares básicos de dicho edificio.
En este sentido no cabe sino aplaudir la intervención del líder del PSOE español, Pedro Sánchez, en el Congreso del Partido Socialdemócrata alemán (SPD). En el país en el que Carles Puigdemont espera a que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holestein resuelva su proceso de extradición, Sánchez defendió que España es una democracia plena y alertó de que el secesionismo en Cataluña no es sólo una amenaza para España, sino para el resto de Europa.
No es por comparar, pero coincidirán conmigo en que el Gobierno podía haber hecho algo más para explicar a la opinión internacional por qué el problema de Puigdemont y compañía no es de ideas y libertad, como insisten en proclamar, sino que sencillamente se han pasado por el forro las leyes catalanas y estatales.
El Ejecutivo debe de ser consciente de que la de Cataluña es una batalla importantísima para España y Europa, que va mucho más allá de un cálculo electoral en función de los votos que se ganen o se pierdan haciendo según qué cosas. Desde la proporcionalidad, pero sobre todo desde el rigor y la firmeza, el Gobierno debe procurar que el secesionismo pierda en los tribunales lo que ya perdió en las urnas.
