El dramático impacto de la sequía en Argentina ha conducido a una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para este año. Hace un par de semanas el ejecutivo de Macri reconocía que la cifra estará más cerca del 3 que del 3,5% que había proyectado inicialmente. Esta semana ha sido el turno de la Cepal con un recorte hasta el 2,5%, en línea con el FMI. Es difícil estimar en este momento los efectos del fenómeno climático de La Niña en la actividad económica; algunos analistas consideran que las pérdidas globales podrían situarse entre el 0,3 y el 0,5% del PIB. Se estima que la caída en la cosecha de soja y maíz (del 27 y del 13%, respectivamente) se traducirá en una pérdida total del sector agropecuario cercana al 8% de la producción, ya que ambos cultivos conjuntamente representan más del 75% de la producción total de cereales y oleaginosas.
Naturalmente, esto está teniendo un gran impacto sobre el precio de los alimentos, que se une a la rápida depreciación del peso sufrida entre diciembre y febrero y al aumento en los precios regulados a finales del año pasado con el fin de aproximarlos a su coste real y controlar el elevado déficit público. Tras cerrar 2017 con una notable mejora de la inflación, en los primeros meses de este año los precios han vuelto a aumentar (25,4% en febrero). Además, a principios de 2018 el peso ha registrado el peor comportamiento de todas las divisas de las economías emergentes, lo que ha alimentado todavía más la elevada inflación. Sin embargo, sería un imperdonable error no ver más allá de la adversa coyuntura actual. Las peores cifras de principios de año obedecen a un shock exógeno y temporal. Desde finales de 2016, Argentina crece de manera sostenida gracias a la corrección de buena parte de los desequilibrios. El modelo más ortodoxo y abierto al exterior de Macri ha dado sus frutos y eso se ha notado tanto en las urnas como en los mercados internacionales. Los buenos resultados del oficialismo en las elecciones legislativas parciales, celebradas en octubre de 2017, lo confirman y han reforzado de manera muy significativa al presidente de cara a avanzar en su agenda reformista y lo posicionan favorablemente para lograr un segundo mandato a partir de 2019.
Este mayor capital político le permitió, tal como se esperaba, anunciar rápidamente una serie de reformas estructurales, cuya aprobación ha requerido de mucha astucia política para alcanzar los consensos necesarios con la oposición. La consolidación presupuestaria ha sido, acertadamente, una pieza clave en la agenda reformista del ejecutivo. Tres polémicas medidas destacan en este frente. En primer lugar, la reforma de las pensiones que, tras larga negociación, salió adelante el pasado diciembre gracias al apoyo de algunos peronistas. El nuevo sistema cambia la fórmula para actualizar las pensiones, lo que hará perder poder adquisitivo a los jubilados y retrasa la edad de jubilación, pero permitirá un ahorro de unos 60.000 millones de pesos (2.850 millones de euros). La reforma tributaria, por su parte, es de carácter gradual y, en un plazo de cinco años, hasta 2021, rebajará la presión fiscal con el fin de alentar la inversión y crear empleo. Por último, la firma del pacto fiscal con los gobernadores regionales, en noviembre del año pasado, limita el gasto público y elimina los impuestos distorsionantes que reducen la competitividad del país en los mercados extranjeros.
El desequilibrio fiscal es el talón de Aquiles de la economía argentina. Reconducir las cuentas públicas es indispensable para lograr una estabilización macroeconómica sostenible y se encuentra entre las prioridades del gobierno. En el caso de Argentina, además, el cumplimiento del Plan de Ajuste Fiscal es un requisito de los acreedores de deuda para mantener el flujo permanente de colocaciones de bonos, por lo que es imprescindible para garantizar la financiación del Estado. En 2017 se aprecia un cambio de tendencia. Por primera vez desde 2004 los gastos crecieron por debajo de los ingresos gracias, entre otros factores, a los notables recortes en los subsidios (fundamentalmente en electricidad y gas). El déficit primario (excluyendo el servicio de la deuda) disminuyó hasta el 3,9% del PIB, tres décimas por debajo del objetivo. No obstante, al incluir el pago de los intereses de la deuda, muy onerosos en el caso de Argentina, el desequilibrio fiscal aumenta hasta el 6,1% del PIB, dos décimas más que el año anterior. El Gobierno aspira a continuar con la consolidación presupuestaria en los próximos años y ha fijado como objetivo del déficit el 3,2% y el 2,2% del PIB para 2018 y 2019, respectivamente.
Por lo que respecta al sector exterior, el déficit por cuenta corriente cerró 2017 por encima del 5% del PIB, si bien se ha financiado holgadamente, lo que ha dado lugar a un aumento de reservas en 2017. Ello es una buenísima noticia. Argentina cuenta con la confianza de los mercados, lo que quedó patente en la favorable acogida a la emisión de deuda realizada en enero de 2018. La demanda superó con creces a la oferta y los tipos a los que se emitieron los bonos son los más bajos de la historia del país. Los ingresos recibidos con esta emisión permiten cubrir en torno a una tercera parte de las necesidades de financiación y más del 50% de los proyectos de infraestructuras de 2018, lo que apuntala la solvencia del país. Las agencias de calificación también han reconocido estas mejoras y tanto Moody's como Fitch han mejorado en un peldaño su calificación, hasta B2 y B+, respectivamente, en el último trimestre de 2017.
La era Macri se caracteriza por una intensa y acertada agenda reformista. Los ajustes, lentos y dolorosos en algunos casos, han permitido cerrar parte de los desequilibrios heredados y reactivar el ansiado crecimiento económico. A los retos de su aplicación se han sumado, a principios de año, las adversas condiciones climáticas. El desafío no es menor. La corrección del desequilibrio fiscal es la gran asignatura pendiente. Para ello es vital que Argentina cuente con una continuidad en las políticas ortodoxas que se mantenga más allá de las elecciones de 2019. Es muy pronto para saber si Macri contará con la oportunidad de un segundo mandato, pero no lo es para afirmar que estas políticas, aunque impopulares, han demostrado ser la receta adecuada y han permitido a Argentina recuperar la confianza inversora. De su éxito dependerá la consolidación de la actual senda expansiva y que el país recupere el sitio que le corresponde al sur del Atlántico.
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