Sorprendentemente, pese a las sucesivas reformas parciales del sistema público de Seguridad Social impulsadas por los diferentes gobiernos a lo largo de varias legislaturas, persistentemente orientadas en la dirección de ir limitando el alcance y nivel de cobertura de dicho sistema (fórmula de cálculo de la pensión, pensión máxima, factor de sostenibilidad, método de revalorización de las pensiones, etc.), parece que el sistema complementario privado de Planes de Pensiones de empleo financiados por las empresas para sus trabajadores no experimenta el desarrollo que cabría esperar ni acaba de despegar. ¿Por qué? Entre los múltiples factores, cabe apuntar algunos de naturaleza fundamentalmente legal.
Los Planes de Pensiones de empleo son un complemento adecuado a la pensión pública en nuestro país sólo hasta cierto punto y dentro de las limitaciones que, para ciertos niveles salariales, supone la aportación máxima anual permitida a Planes de Pensiones. En numerosas empresas obliga a contratar para tales niveles pólizas de seguro de jubilación para los excesos de aportaciones comprometidas según la fórmula del Plan que no entran dentro de dicha aportación máxima anual. Pero teniendo dichas pólizas otro régimen legal y otro tratamiento fiscal diferente que el de los Planes de Pensiones, menos óptimo.
Los sectores económicos en los que más implantados están estos productos de ahorro colectivo son el sector financiero y la gran industria y, dentro de éstos, empresas y grupos privatizados procedentes del viejo sector público, pero con las limitaciones ya comentadas. Fuera de los grandes grupos industriales y financieros, la implantación de los Planes de Pensiones del sistema de empleo es hasta cierto punto reducida, entre otros motivos, por la relativamente compleja administración y los costes asociados de estos productos. Por el mismo motivo, los Planes son prácticamente inviables en la Pyme. Desde 2006 existe la figura de los Planes de Previsión Social Empresarial (PPSE), instrumentados a través de contratos colectivos de seguros, menos complejos, y que, en parte, vienen supliendo esas complejidades y costes, si bien la naturaleza de los mismos de producto asegurado, así como el límite de aportación máxima anual permitida, idéntico al de los Planes de Pensiones del sistema de empleo, no dejan de presentar algunos inconvenientes.
Por otro lado, están los Planes de las Administraciones y de las empresas públicas. Habiendo en su momento sido pioneras, hoy tienen restringidas las posibilidades de aportación por limitaciones presupuestarias desde el año 2012, a través de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En la actualidad sólo se puede aportar para la cobertura de los riesgos en activo de fallecimiento e invalidez permanente y, en cuanto a la jubilación, siempre que ello no suponga un aumento superior al 1% de la masa salarial anual y sólo para Planes anteriores a 2011, todo lo cual tiene temporalmente acotado, desde hace tiempo, el desarrollo de estos sistemas en el ámbito público.
Y todo ello pese a que, en cuanto a las rentabilidades, logran mejores rendimientos que los Planes del sistema individual, entre otros motivos, porque un Plan de Pensiones del sistema de empleo, al ser un instrumento colectivo con un número de partícipes bastante elevado, se halla en condiciones de negociar mejores comisiones de gestión y depósito. Éstas al girar directamente sobre el importe del patrimonio del Fondo de Pensiones, implican unas mayores rentabilidades netas que las de los Planes individuales, pues estos suelen tener un mayor nivel de comisionamiento.
Sin duda para todo tipo de empleados supone un incentivo el que la empresa les aporte en un Plan de Pensiones, pero, en principio, en mayor medida para aquellos para los que, por la pensión máxima del sistema público de Seguridad Social, el paso a pensionista les va a suponer una mayor merma de su nivel de ingresos y poder adquisitivo por la transición de activo a pasivo, lo cual, como ha podido verse, se hace difícil a través de la figura de los Planes de Pensiones de empleo.
Razones como todas las expuestas contribuyen a explicar la paradoja del raquítico desarrollo de los Planes de Pensiones privados de empleo en nuestro país, pese al paralelo proceso de lenta pero progresiva retracción del sistema público de pensiones de la Seguridad Social.
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