
Se trata de un tema recurrente, repleto de demagogia. En lugar de analizar la sostenibilidad del sistema de pensiones y tratar de dar una solución que asegure su futuro proponiendo soluciones viables, los partidos políticos utilizan este serio asunto para la captura de votos. Poco importa si las propuestas son totalmente inviables. Las pensiones se han convertido en un arcano económico incomprensible para el común de la gente, con lo que cualquier cosa, por descabellada que sea, se pone encima de la mesa pública sin más. Todo muy comprensible, ya que los dirigentes políticos de hoy no estarán para ver lo que sucede cuando ellos hayan desaparecido de la escena. La clave es el rédito político que se pueda obtener a corto plazo. Con lo que, de momento, parece más rentable sacar pensionistas a la calle y enardecer a las masas.
Sin embargo, el problema es cómo pagar las pensiones públicas afrontando una creciente población de personas que van dejando su actividad profesional por razones de edad. Y es que el verdadero problema a resolver tiene tres caras. Primero la demografía: el número de pensionistas seguirá creciendo, como estamos viendo en los últimos años; lo que conduce a un coste económico cada vez más abultado para las arcas públicas. Segundo, el indefinido número de cotizantes a la Seguridad Social, que son los que mantienen el sistema. Y, tercero, la propia sostenibilidad del sistema público de pensiones; es decir, cómo pagar a esa creciente cantidad de personas. Es evidente que si el número de cotizantes o, lo que es lo mismo, si el empleo creciera sin límite, no habría problemas en el futuro. Pero esto es algo que nadie puede asegurar, ya que el propio ciclo económico no mantendrá el crecimiento de forma permanente.
Los ciclos de la economía aseguran vaivenes futuros, unos hacia arriba y otros al contrario. Por ello, lo más razonable es pensar que el sistema actual de pensiones, tarde o temprano, y tal como está, entrará en crisis. Y esto es así porque se trata de un sistema de reparto: los que cotizan a la Seguridad Social hoy mantienen a los que ya no trabajan según un método de aportación definida: se paga un porcentaje concreto de los ingresos; y también, de alguna manera, de prestación definida: se sabe hoy lo que se cobrará de acuerdo a lo cotizado, aunque no mañana.
Para resolver el problema, los hay que quieren subir las pensiones asociando la cantidad a percibir al incremento de la inflación, es decir al IPC.
De hacerse así, para no entrar en demasiados detalles, no habrá más solución que aumentar los impuestos. Olvidemos lo que ha sucedido con la crisis económica y vayamos hacia el futuro partiendo de la bonanza económica actual, digamos desde ahora hasta 2023. Supongamos igualmente que la inflación media se queda en el 1,5%. Con esto se necesitarían cerca de 20.000 millones de euros adicionales cada año para mantener el sistema. Es decir, habría que aumentar más del 15% las cotizaciones actuales, o bien aumentar más del 10% los impuestos indirectos, o si no incrementar el 15% los impuestos sobre la renta de empresas y familias. Y no digamos, si lo que se pretende es poner un impuesto especial sólo a las empresas. ¿Qué sucedería? Es fácil de imaginar. Piense usted mismo que le aumentan un 15% lo que hoy paga a la Seguridad Social. Y para las empresas, al menos las multinacionales, no hay duda: se irían en masa. Resultado: más desempleo y menos cotizantes. Es decir: más pobreza y menos pensiones. Lo que ha pasado en Grecia.
¿Qué hacer entonces? La respuesta es evidente: ¿por qué no nos hacemos suecos? No es precisamente Suecia un país neoliberal, sin embargo, tiene un sistema de pensiones sostenible cuya implantación le llevó 10 años. ¿En qué se basa? Simplemente en el concepto de cuentas nocionales. ¿Y qué es esto? Para entenderlo fácilmente: una cuenta en la que cada trabajador conoce lo que va aportando a su pensión durante toda su vida laboral. Una cuenta que se va actualizando para asociar cotizaciones con prestaciones. Todo ciudadano sueco conoce lo que pone: nada es opaco como lo es en España. Y, al final, cuando se jubila, se calcula su prestación en base a los derechos adquiridos y a la esperanza de vida de la cohorte a la que pertenece cuando se jubila. Y cuando se jubila, lo decide el individuo. De manera, que el sistema sueco consta de tres pilares. Primero, una prestación definida mínima, para lo cual hay que residir en Suecia al menos 40 años. Segundo, lo que le toca a cada trabajador de acuerdo a su cuenta nocional, que en Suecia representa el 16% de lo aportado por el cotizante (se cotiza un 18,5%). Y, tercero, un plan de pensiones individual que se crea con el 2,5% restante, diferencia entre el 16% y el 18,5%; plan que elige el propio trabajador de acuerdo a la rentabilidad y perfil de riesgo que quiere. Nada que ver con el sistema paternalista español que, si nadie lo remedia, acabará desapareciendo tal como lo conocemos. En esto, muchos querríamos ser suecos.