Tras los gravísimos acontecimientos de este otoño, en Cataluña el valor clave es el Estado de derecho. La necesidad de seny, entendimiento y concordia llevan a valorar la necesidad y el interés del respeto a las personas, a las reglas del juego y a la legalidad. La vida política, social y económica catalana solo puede recuperarse dentro de la legalidad.
Con el pasado golpe de Estado del Gobierno separatista de la Generalitat, los catalanes y el resto de los españoles hemos descubierto la necesidad de las instituciones para preservar la convivencia y los derechos políticos, cívicos y sociales de las personas.
Tras los hechos de octubre de 2017, el viento ha girado en Cataluña. Los catalanes constitucionalistas -siempre mayoritarios en voto, aunque no siempre en escaños- han recuperado la dignidad y han salido a las calles de Barcelona, clamando por seny y entendimiento. Respeto. La mayoría de los ciudadanos de Cataluña despierta y se manifiesta tal cual es, superando la ingente propaganda independentista que pudo instigar el régimen de la Generalitat. Algo está cambiando en la sociedad civil catalana.
Los empresarios catalanes, unos, empiezan a perder el miedo a decir la verdad del sentimiento y del interés de los catalanes hacia España; y, otros, empiezan a sentir cuan inoportunas fueron en el pasado, y cuan ridículas son hoy las adhesiones al separatismo, a la rotura de la convivencia en Cataluña y de la comunidad con el resto de españoles.
Esta semana, en el Círculo Ecuestre de Barcelona, los empresarios alemanes lo han dicho alto y claro: "Si los gobiernos nos obligan a cumplir las leyes, nosotros también obligaremos a los gobiernos a cumplirlas". La legalidad debe respetarse… En primer lugar, por las administraciones públicas y los políticos.
Esto podría parecer natural, lógico o elemental. Pero este axioma de la convivencia y de la democracia que es la sujeción a la ley, se quebró impunemente en Cataluña durante años, con el resultado del asalto final separatista.
En Cataluña se ha abierto una nueva etapa. Tras el gran estropicio del golpe de octubre, la aplicación del artículo 155, y la formación de un nuevo Gobierno de la Generalitat, se anda a tientas. Pero algo prevalece: la necesidad de recomponer las relaciones sociales, de rehacer la convivencia y de que el gobierno de la Generalitat, naturalmente, se sujete a la ley.
La Generalitat no debiera ser un órgano para crear conflictos. La Generalitat debiera ayudar a la solución de los problemas públicos diarios de una sociedad desarrollada, siendo así que, efectivamente, tiene conferida la administración de servicios sociales esenciales como la educación, la sanidad y la policía, y servicios económicos como los de infraestructura, que marcan una diferencia en la contemporánea competitividad de las regiones.
Cataluña -como España entera- debe entender el valor de la legalidad, el interés de contar con unas instituciones de calidad, que preserven la democracia y los derechos y la mejor convivencia y progreso de la gente. Después del terremoto separatista, la reconstrucción de Cataluña requiere legalidad y estabilidad. Tras tantos años de intensa confrontación, si Cataluña no supera la inestabilidad está abocada a la decadencia.
En esta tarea de sujeción a la legalidad y de estabilización de Cataluña, los empresarios y el conjunto de la sociedad civil han de tener un papel clave.
