¿Se destinó dinero público a financiar el golpe a la democracia en Cataluña? ¿Del dinero público con el que se financió el referéndum ilegal, una parte pudo provenir del Fondo de liquidez autonómica (FLA)? Al presidente Mariano Rajoy, estas dos cuestiones que trajo al Congreso el pasado miércoles Albert Rivera no sólo le parecieron incómodas, sino que incluso recomendó al líder de Ciudadanos que dejase de atacar al PP, y lo hiciese a los independentistas. En cualquier caso, Rajoy aseguró que "ni un solo euro del FLA había ido destinado a pagar el referéndum ilegal".
Parece que estamos ante el día de la marmota, porque el pasado 31 de agosto de 2017, el ministro Cristóbal Montoro compareció en el Congreso, a petición propia, para asegurar que ni un solo euro de dinero público se había destinado al referéndum ilegal del 1 de octubre. De hecho, entonces Montoro consideraba que no se iba a celebrar un referéndum, precisamente porque no había presupuesto público para pagarlo.
En realidad, toda la confianza residía en los certificados que remitía el entonces vicepresidente, Oriol Junqueras, al Ministerio de Hacienda, señalando que no se habían destinado fondos públicos a finalidades ilegales, y en concreto al referéndum del 1 de octubre. Estos certificados los firmaban altos cargos, nombrados precisamente por Junqueras, empezando por la entonces Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal.
Ahora nadie duda de que se destinaran fondos públicos al pago de gastos del golpe a la Democracia en Cataluña. Por esta razón, a buena parte de los imputados por su participación en el golpe a la Democracia se les imputa por el delito de malversación de caudales públicos. Esto significaba que, como le advertí en agosto al ministro Montoro, los controles no eran suficientes, y se tenía que haber enviado una misión de control de la Intervención General a Barcelona para controlar el FLA y el gasto de la Generalitat.
Depositar toda la confianza en la palabra, o incluso la firma, de Junqueras era y es, simplemente, la estrategia del avestruz: esconder la cabeza debajo de tierra para negar la realidad. Y esta realidad que se niega, prepara siempre su venganza. Los resultados pronto estuvieron a la vista. Ahora parece increíble que Rajoy y el PP sigan insistiendo en negar la realidad.
El FLA es una financiación que concede el Estado, a un tipo de interés muy inferior al de mercado, a las CCAA que no pueden acceder a los mercados financieros. Este mecanismo de financiación se estableció en 2012 y paga renovaciones de deuda y facturas de proveedores. El FLA no es más que una expresión de la solidaridad de todos los contribuyentes españoles, que ha permitido que los servicios públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales no se viesen tan afectados por la crisis económica y la mala gestión de las Administraciones.
En particular, la comunidad que más dinero ha recibido del FLA ha sido Cataluña. Esta dependencia del FLA en Cataluña se ha acentuado en los últimos meses, porque la posibilidad de que la Generalitat se pueda volver a financiar en los mercados, está a resultas del procés, cada vez más lejos.
Si el FLA, o algún instrumento similar, no hubiese existido, los servicios públicos fundamentales en Cataluña hubiesen colapsado. Ahora bien, como el dinero es fungible, el dinero que se ahorraba en intereses, o simplemente el dinero del Estado que se utilizaba en pagar a proveedores, estaba también permitiendo que otros ingresos de la Generalitat se destinasen a "otros gastos", como por ejemplo, el DiploCat, el servicio exterior independentista, o incluso la financiación del referéndum ilegal del 1 de octubre. La solución no era dejar que colapsasen los servicios públicos en Cataluña, sino adoptar, desde hace mucho tiempo, medidas de control más efectivas, unas medidas que solo reclamaba Ciudadanos.
La realidad es que el control no era suficiente, porque había una deslealtad institucional evidente por parte del Govern de la Generalitat. Por esa razón, es incluso bastante probable que se utilizase directamente dinero del FLA en finalidades ilegales. Montoro lo admitió el pasado miércoles, señalando que se podían haber utilizado facturas falsas. No es de extrañar que a los que dan un golpe a la democracia, cometiendo presuntamente varios delitos, no les importe demasiado falsear los conceptos en una factura.
Lo que sí resulta más extraño es que algunos directores generales que aparecen en las grabaciones de la Guardia Civil sobre el golpe, como Elsa Artadi, no fuesen destituidos cuando se aplicó el artículo 155. Yo pregunté por ese tema hace meses y sigo esperando respuesta.
Lo que no resulta una sorpresa es que esos directores contestasen, cuando les preguntó el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona, que no tenían ni idea de que un solo euro de dinero público se hubiese destinado al referéndum independentista. No deja de ser una respuesta similar a la que dio Rajoy, que los mantuvo en sus puestos.
En Ciudadanos creemos que todo esto necesita explicaciones urgentes, y no solo porque los eventuales delitos no pueden quedar impunes, sino porque únicamente si se conoce la realidad se pueden tomar medidas para corregir la situación. Claro que el golpe en Cataluña es culpa de los separatistas, pero ante eso, que era evidente, negar la realidad era y es el camino al fracaso: la estrategia del avestruz.
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