En una reunión ante un conjunto importante de empresarios, la pregunta a un grupo de economistas surgió como una interrogación obligada por parte de quienes no piensan únicamente en el saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias del pasado 31 de diciembre, sino lo que puede acontecer, derivado de sus decisiones actuales, para la fortuna de sus herederos. Y esta pregunta a los economistas por parte de los empresarios fue: ¿qué modificaciones esenciales de la economía española sería preciso plantear desde ahora mismo para que esté garantizado el desarrollo en el futuro?
La contestación que se dio fue la siguiente. En primer lugar, mantener una economía libre de mercado, pero con dos limitaciones. La primera, la aceptación de que es equivocado creer que esta libertad es también la aconsejable para el mundo financiero. La segunda limitación se vinculó, fundamentalmente, a sectores del mercado libre y ello con la exigencia, por parte de la sociedad, de una acción de intervención estatal, como consecuencia básica de la necesidad de impedir agresiones a la dignidad de las personas constitutivas de esa comunidad. En vanguardia -segunda interrogación- la cuestión del trabajo infantil.
Pero, inmediatamente surgió la necesidad de que este mercado libre sea amplio. Las opiniones de los economistas, en este sentido, son rotundas, a partir de Adam Smith: mercados reducidos impiden el desarrollo económico; y en este sentido, la equivocación fundamental, en lo económico, de nuestra Constitución de 1978, fue aceptar aquella desafortunadísima frase del ministro adjunto para las Regiones, Manuel Clavero Arévalo, en el Gobierno de Suárez, de 1977 a 1979, de "café para todos".
Con ello se permitió que las autonomías desarrollasen, todas como quisiesen, sus políticas intervencionistas, hasta alcanzar la situación extraordinariamente preocupante que ofrecen las publicaciones del Banco Mundial, Doing business España 2015 donde se comparan "las regulaciones empresariales para las empresas locales de comunidades autónomas, ciudades autónomas y puertos, con otras economías".
En algún caso, como fue el de los designios de la Generalitat catalana, incluso se pensó en aumentar esas discrepancias, lo que acabó provocando una fuga empresarial considerable, que ha puesto en peligro el futuro del propio distrito industrial catalán, aparte de amenazar a todos los demás españoles. Cuestión ésta de las autonomías, que hay que resolver a largo plazo.
La tercera era eliminar la tentación de resolver los problemas sociales con la puesta en marcha de rigideces en el mercado laboral. Prácticamente nadie duda que el mayor ataque a la estabilidad social de un país es adoptar medidas de política económica que fomenten el desempleo, y medidas que favorezcan la rigidez del mercado laboral. Los economistas bien saben que esto provoca paro. Lo que sucede es que, a corto plazo, la adhesión de amplios conjuntos de la población activa y, por supuesto, los partidos que se dicen protectores de los obreros en primer lugar, a más del mundo sindical, contemplan con adhesión las ventajas que se logran a corto plazo. Porque, evidentemente, se habían generalizado tesis derivadas de lo que se puede denominar keynesianismo vulgar, que en España, por ejemplo, mucho daño hicieron al Pacto de La Moncloa, al alterar el propósito inicial en este sentido de Fuentes Quintana. Y en estos momentos han vuelto a la carga.
La cuarta cuestión que debe resolverse a largo plazo es la fiscal. Los planteamientos sucesivos y complementarios de los Libros Blancos de Fuentes Quintana-Lagares-Barea y Villar Mir se han ido liquidando. Por un lado, el incremento del gasto público tiene actores conocidos: de nuevo las consecuencias de las autonomías, y ello, a partir de la crisis iniciada en 2007 al reaccionar el Gobierno de Rodríguez Zapatero de modo que hay que calificar de lamentable al remediar el impacto de la crisis de las subprime con incrementos colosales del gasto público que han provocado un colosal endeudamiento. Remediarlo con fuertes incrementos impositivos, perturba la economía; y hacerlo con reducciones poco estudiadas del gasto público, es todavía peor. Pero es cuestión a abordar. En estos momentos creo que sería muy acertado seguir las propuestas de Manuel Lagares. A largo plazo, no se ve otra alternativa.
Quinta cuestión: a largo plazo, España debe acentuar todo lo posible su inserción y participación en tres ámbitos económicos. El primero, en el europeo, con acciones que eliminen tendencias ajenas nacionalistas, como son las francesas tanto en el terreno agrario como en el de enlaces energéticos y de comunicaciones. El segundo, ampliar todo lo posible el mercado hacia Portugal. El tercero insistir en el ámbito americano, y el cuarto, no perder de vista la mejoría de nuestra renta de situación, en el enlace de la Europa rica con Asia cada vez con mayor peso económico.
Finalmente, conviene indicar que ha llegado el momento de plantear, precisamente a largo plazo, una política educativa adecuada para atender las necesidades de tecnología, de capacidad, de estar al día en el progreso científico que exige la realidad existente desde el siglo XVIII a causa de la Revolución Industrial.
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