Órdago a la grande. Y ni más ni menos que al Gobierno. Los asesores de la nueva economía online no se andan con tonterías, y cansados de las continuas inspecciones por parte de Trabajo, han puesto sus cartas sobre la mesa. Parece, según me cuentan, que en una de las últimas reuniones con los responsables del Ministerio, uno de estos asesores, un abogado experto en derecho laboral, que trabaja para una empresa de reparto de comida a domicilio, quiso jugarse el todo por el todo.
"¿Cuál es el problema?", preguntó. "¿Qué hay autónomos trabajando ocho horas seguidas para nosotros? Pues, solucionado. En lugar de a uno, contratamos a dos por la mitad de tiempo cada uno y cuestión zanjada", aseguró en tono amenazante. Pero desafiar al Gobierno, o mejor dicho, al Estado, no parece desde luego la mejor de las ideas. En las últimas semanas, los inspectores están recrudeciendo la batalla contra el sector para tratar de demostrar que los miles de autónomos que emplean deberían tener en realidad un contrato laboral. De hecho, ya se han pronunciado en este sentido ante las últimas inspecciones a Deliveroo en Madrid y Barcelona.
Y no va parar ahí porque tal y como contamos hoy son muchos más los expedientes en marcha. Resulta por todo ello cuando menos paradójico que el director general de Uber Eats, Manel Puig, llegue a decir que su empresa no existiría si tuviera que contratar a los trabajadores. Y es posible que sea así. Pero, ¿debe por eso tener vía libre para saltarse la legislación vigente?. Resultado evidente que no.
Los operadores online de reparto de comida como Deliveroo, Glovo, Uber Eats o Stuart; así como las empresas de transporte -Uber, Cabify o Bla Bla Car- o las de alquiler turístico, como Airbnb, representan un fenómeno en pleno desarrollo para el que en muchos casos no hay aún una normativa clara. Y conviene por ello tratar de avanzar y hacerlo, en la medida de lo posible, de la mano del sector. Pero lo que no se puede permitir en ninguno de los escenarios es que, como ocurre en muchas ocasiones, vayan por libre y quieren privilegios de lo que carece la vieja economía.
Urge buscar las herramientas y procesos necesarios para que este tipo de operadores puedan desarrollar su negocio, pero urge hacerlo al tiempo que se garantizan no sólo los derechos laborales de sus empleados, sino que además tributan y contribuyen con sus cotizaciones sociales como el resto.
La utilización de firmas en territorios como baja tributación o con secreto bancario y el empleo de falsos trabajadores autónomos, que en realidad no tienen capacidad alguna para prestar su servicio de forma paralela a ninguna otra empresa, no parecen desde luego las mejores cartas de presentación. Por eso, antes de volver a echar un órdago, además de tener en cuenta el rival hay que ver con qué se juega.
