El daño que el procès ha hecho a Cataluña es incuestionable. La incertidumbre creada tras emprender los independentistas un camino hacia ninguna parte ha deteriorado el empleo, la inversión inmobiliaria, el gasto turístico y el comercio. La fuga de empresas hacia otras comunidades, aunque más moderada tras la aplicación del 155, continua y ya se superan los 3.000 traslados.
Con todo, el deterioro que ha sufrido la comunidad autónoma en los últimos tres convulsos meses del año es lo de menos. Lo peor es que no se sabe si el partido de Carles Puigdemont, JuntxCat, y el de Oriol Junqueras, ERC, acatarán en la nueva legislatura la vía constitucional. De no hacerlo, no sólo la economía catalana, sino la española, se resentirá notablemente.
