Se puede pensar que sustraer 3.700 millones a las cajas de ahorros en los años de esplendor económico y en los primeros de la crisis, no explica el descalabro y la inviabilidad de la mayoría de este sector.
Pero sí lo hace, ya que demuestra el talante y la falta de ética de quién debía salvaguardar los intereses de las cajas. Han sido los propios gestores los que han actuado contra las entidades, premiándose con sueldos, distintos emolumentos y prejubilaciones de forma irregular, y participado en dudosas operaciones de concesión de créditos.
Son ellos también, los que lanzaron a las cajas a una exposición insoportable al sector inmobiliario. Tal vez se recupere sólo una parte ínfima de la cantidad saqueada, pero todos deben responder ante la Justicia.
