La ministra de Defensa ha anunciado un incremento progresivo del gasto armamentístico desde el 0,93% del PIB hasta el 2 en razón de lo pactado con EEUU.
Lo primero que esta información evoca es la deuda acumulada de 32.000 millones de euros por compra de un armamento que, según fuentes militares, es inservible para su teóricos fines. Las inversiones en armamento son en nuestro país el paradigma del ocultismo y de prácticas procedimentales que se desarrollan en base a una ingeniería burocrática y contractual susceptibles de toda sospecha. En un trabajo presentado en 2011 por los colectivos Utopía Contagiosa y Ecologistas en Acción se relatan de manera pormenorizada los pasos de cada operación armamentística que producen una falta de información para quienes deben aprobar y controlar la ejecución de los Presupuestos Generales: los Diputados y los Senadores.
Lo anterior, con ser preocupante y grave, no lo es tanto como la argumentación de la señora Cospedal al justificar la decisión. Dice que los gastos en armamento tienen como fin asegurar el derecho de los españoles a sentirse seguros y protegidos, porque -continúa- estos gastos aseguran los de las pensiones, la sanidad y la enseñanza. Y ahí estriba la manipulación ideológica que permite deslizar la equiparación de gastos que, en las actuales circunstancias, son antagónicos y excluyentes.
El concepto de seguridad se ha ido deslizando de su ámbito civil a la esfera exclusiva de lo militar y bélico. Una sociedad segura es la que tiene resueltas todas y cada una de las necesidades que contemplan los DDHH, los Pactos de 1966 y la Carta Social Europea: trabajo, salario digno, pensiones dignas, educación, salud, etc. Hay una realidad que rebate la última afirmación de la señora Cospedal: Grecia, y su generalizada exclusión social, gasta en armamento el 2,3% del PIB, por detrás de EEUU y Reino Unido.
La pregunta surge fácilmente: ¿Quién o quienes se benefician con el gasto en armamento?
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