Este miércoles comienza la vista oral del caso de los ERE. En el banquillo se sientan dos expresidentes del PSOE, una exministra del Gobierno de España, exdirectores generales, políticos, asesores, sindicalistas o amiguetes y familiares. A Chaves y Griñán se les juzga porque crearon un entramado externo, al margen del presupuesto oficial y por tanto oculto a la mirada del interventor, para repartir cheques y subvenciones a quién en justicia las necesitaba y a quién no, de forma arbitraria y opaca.
Era un método como cualquier otro de ayudar a los compañeros y de asegurarse el voto de aquellos a los que generosamente llenaban el bolsillo a costa del nuestro. De paso, como suele ocurrir con el dinero de todos, que en España no parece ser de nadie, los que lo repartían se llevaban su correspondiente pellizco. A Chaves y Griñán no se les acusa de enriquecimiento ilícito, pero sí por crear una red clientelar al margen de la estructura institucional de la Junta con cargo a los fondos públicos.
Por eso, lo que se juzga en este caso no es sólo a ellos, también es una forma de hacer política muy común por estos lares. Porque, sin quitar "mérito" al entramado socialista, quizá sólo superado por la familia Pujol, sus prácticas, aunque menos onerosas, han sido moneda corriente en toda la geografía española: cuando no se puede pagar mediante real decreto, se financia subvencionando a una asociación o se crea una empresa pública, que hay que tener bien colocados a simpatizantes y demás familias.
Las estrecheces de la crisis podrían haber cortado de raíz el invento, pero me temo que sigue en pie. No hay más que mirar a Cataluña. ¿Logrará el veredicto de los ERE acabar con la costumbre? Otra vez, en manos de los jueces, el dique de contención de la decencia y la ley frente a los tejemanejes de los voraces caciques políticos.
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