Por suerte, en democracia las leyes emanan del pueblo y están legitimadas en los parlamentos. Podemos cambiarlas si a la mayoría no nos parecen justas. A Puigdemont, por ejemplo, no le gustan las normas que le impiden montar un referéndum cuando le plazca. A Rajoy no le entusiasma esa ley que obliga a cambiar el nombre de una calle que llevaba el de un criminal de guerra. Y es posible que a muchos americanos no les guste la ley de Trump que baja los impuestos a los ricos, o sea, a sí mismo y a todo su gabinete.
Por fortuna, no solo tenemos leyes, sino que contamos además con tribunales y profesionales que se encargan de vigilar su cumplimiento. El fiscal Romero de Tejada, que acaba de fallecer, llevaba en sus venas ese honorable afán. Su padre también fue fiscal, además de traductor de Somerset Maugham y jurado del premio Planeta, hasta que decidió dejar de serlo.
Según contaba José Martí, pensaba que era incompatible ejercer como jurado del galardón instaurado por Lara y a la vez defender la legalidad. Conozco un país en donde las leyes dicen que la función de las mujeres es engendrar hijos, como si fueran vacas, por encima de su propia voluntad.
No hablo de una de esas teocracias que visitan a veces nuestros Reyes. Me refiero a un infierno imaginario, escenario de la distopía que propone La Doncella, dura serie de la que nos prometen una segunda temporada. La brillante producción de HBO describe un mundo en el que las mujeres fértiles son usadas a la fuerza como madres de alquiler y, de paso, como esclavas sexuales. Lo peor es que en ese país de la ficción todo eso ocurre por ley. Pero en este caso es la que imponen los cerdos tiranos. Allí saltarse la ley y hacer la guerra o la revolución no solo es lícito, sino deseable.
