La Comisión Europea quiere multarnos nada menos que a pagar cien mil euros al día por retrasar la transposición de la Directiva Hipotecaria. Tendría que haberse aprobado en marzo y llegó al Congreso en noviembre. Pero como el mal alumno, o el mal pagador, el Ministerio de Economía tiene coartada: se retrasó la formación de Gobierno -dice-.
Ah, y Cataluña, que va a convertirse en una de esas excusas que, como dice el refrán, valen tanto para un roto como para un descosido. ¿Si el límite para aprobar la reforma de la ley era marzo y Rajoy juró como presidente ante el rey el 31 de octubre ¡del año pasado!, es esa realmente la razón por la que se ha retrasado a noviembre? No parece un argumento sólido.
Pero es esa y, por supuesto, Cataluña, la justificación que esgrimen nuestros gobernantes para explicar la parálisis de la vida institucional. Si Bruselas nos pusiera plazos no ganaríamos para pagar multas. Con un gobierno en mayoría absoluta se hicieron las reformas a las que obligaban nuestros acreedores. Ni una más. Si nos las prometíamos más felices con un parlamento fragmentado, del que podrían salir grandes pactos, cambios estructurales respaldados por un amplio consenso, ya podemos olvidarnos.
La sequía se alargará hasta las próximas elecciones. A lo más que podemos aspirar es a tener un presupuesto que permita al PP agotar la legislatura. No habrá reforma de las pensiones, difícilmente se revisará la reforma laboral, otro tanto podría decirse de la educativa y probablemente tampoco la financiación autonómica pendiente desde 2011. El motivo no es que tengamos un gobierno en minoría. Ni siquiera Cataluña, con ser grave el órdago de los separatistas.
El problema es que el día que nuestros representantes se sentaron en el Congreso ya empezaron a pensar en las próximas elecciones. Y en eso siguen, en no mojarse, para no perder votos. O en llenarse el zurrón a cambio de apoyos puntuales, véase el cupo. Después se preguntan por qué hay tanta abstención.
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