El precario entendimiento entre los partidos no independentistas en Cataluña no parece presumir grandes acuerdos tras las elecciones. La posibilidad real de un resultado inverso al de las últimas elecciones de 2015, con los separatistas sin mayoría absoluta, abriría una expectativa que tiene dos grandes dificultades que harán imposible un gobierno constitucionalista en esa comunidad autónoma. Primero, la posición de la coalición de los partidos de Ada Colau y Pablo Iglesias, a años luz del resto de fuerzas no nacionalistas. Sería imposible un pacto de En Comú- Podem, PSC, Ciudadanos y PP. Y segundo, porque las propias diferencias entre estas tres últimas formaciones hacen muy difícil cualquier acuerdo.
La propuesta de García Albiol parece tener más la intención de forzar a sus adversarios electorales a retratarse a pocas semanas de la cita con las urnas. La respuesta que ha obtenido es todo menos una invitación al pacto: los socialistas no quieren frentes, Ciudadanos dice que no cree a Iceta, y Pedro Sánchez dice que Ciudadanos es el VOX de la política española. Como para explorar un acuerdo a tres están estos partidos. Ni siquiera siendo conscientes de la gravedad de la situación por el golpe de Estado que se ha perpetrado son capaces de anteponer un sentido institucional al partidista.
El momento político en Cataluña recuerda a lo que ocurría en el País Vasco en las semanas anteriores a las elecciones autonómicas de 2001. Las fuerzas no nacionalistas, la izquierda y la derecha constitucionalistas, estuvieron a punto de arrebatar el poder al PNV por primera vez, con su acuerdo de Estella indignando a millones de personas en todo el país. El ambiente que se respiraba era de posibilismo ante una situación histórica que propiciaba romper un monopolio de poder. PP y PSE habrían gobernado en Euskadi de haber roto la mayoría nacionalista. Pero entonces había una posición generosa en beneficio del interés general, personificada en Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor que sin embargo se quedaron a las puertas de lograr su empeño.
En la actualidad eso está lejos de parecerse a la realidad. El acuerdo para apoyar el artículo 155 en Cataluña ha derivado de un pronunciamiento clarísimo del Jefe de Estado, de un posicionamiento que obliga a todos los que pretendan gobernar España alguna vez a situarse del lado del primero de los españoles, a seguir su paso firme en pos de la mayoría abrumadora a favor de la unidad del territorio. Las diferencias evidentes sobre la reforma constitucional, ya claramente mostradas, demuestran que no existe esa voluntad de acuerdo de máximos.
Muy distinta es la actitud, esta sí posibilista y de conveniencia, de los líderes y partidos independentistas o cercanos al independentismo. Se adivinan ya alianzas post electorales entre ERC y los comunes de Colau, donde se salvarían las diferencias anteponiendo el poder como argamasa. La misma presidenta del Parlament ha demostrado que todo es relativo con su declaración ante el juez y con su decisión de volver a ser candidata. Carme Forcadell podía elegir entre abandonar la actividad política, concurrir en la lista de Puigdemont o hacerlo en la Esquerra. Y ha elegido lo más confortable y seguro, el puesto que le asegura seguir siendo diputada con todas sus ventajas.
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