Más de mes y medio después de que la vicepresidenta denunciara públicamente, el 6 de septiembre, que no había democracia en Cataluña (por tanto, en España), el Gobierno, apoyado por PSOE y Ciudadanos, ha activado el artículo 155 de la Constitución para restaurar esa legalidad perdida.
Les ha costado. Queriendo cargarse de razones, han avanzado a regañadientes, con miedo. Tomando la decisión cuando ya no quedaba otro remedio. Y lo han hecho casi pidiendo disculpas. Anuncian una intervención rápida, quirúrgica, lo justo para quitar de en medio a los insurrectos y convocar elecciones autonómicas.
¿Y si los independentistas revalidan su mayoría? ¿Qué harán entonces si vuelven a las andadas? ¿Destituirles después de que las urnas, aunque sea por un pequeño margen, refrenden su política? ¿Amagar de nuevo con la posibilidad de imputarles un delito de rebelión y de juzgarles ante unos tribunales que no reconocen? ¿Y si en el País Vasco, o en Navarra, o en Baleares les secundan?
Hay momentos en la historia en los que se presentan oportunidades únicas. Este parece uno de ellos. Podemos continuar a ciegas hacia delante, como si la crisis provocada por los sediciosos que ocupan la Generalitat fuera sólo un paréntesis que corre prisa cerrar convocando unos comicios. Y que sea otro el que se haga cargo unos años después. Cuando quizá ya sea irresoluble.
La alternativa para abrir un nuevo período de estabilidad como inauguró el Régimen del 78 es revisar de arriba abajo la estructura del Estado, repartir competencias de forma eficiente y equilibrada y garantizar la lealtad a la ley de todos los servidores públicos. Es lo que millones de españoles, que han perdido la vergüenza de salir a la calle con su bandera, están pidiendo a los que les representan. Solo hace falta un poco de arrojo, liderazgo y visión de Estado para colocarse a la cabeza de esa manifestación.
