El final del procès per la independència está teniendo unos efectos devastadores en la economía catalana. Los acontecimientos se suceden a tal velocidad que es difícil reparar en la relevancia de sus consecuencias. Desde un punto de vista económico, lo más relevante ha sido el traslado de las sedes de casi todas las grandes empresas catalanas, que recuerda mucho la advertencia del mago Gandalf, enfrentado a un terrible demonio de fuego en El Señor de los Anillos: "Huid, insensatos, huid".
Lo que ha terminado por convertirse en una fuga de empresas comenzó con una fuga de depósitos bancarios. Con la certeza de que en una hipotética Cataluña independiente las entidades catalanas no estarían bajo el paraguas del Banco Central Europeo ni garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos español, comenzó a cundir el pánico. En realidad, se produjeron dos procesos simultáneamente: ahorradores que, sin cambiar de entidad, splo querían sus ahorros domiciliados en una entidad fuera de Cataluña, y los que no querían sus ahorros en una entidad domiciliada en Cataluña.
Por otra parte, los bancos que habían anunciado el traslado de su sede social han anunciado posteriormente que se trasladaba su domicilio fiscal. Esto no significa, si no cambia el marco legal, que se vayan a pagar los impuestos de forma distinta, pero tiene su relevancia. Las leyes fiscales establecen que una empresa tiene su domicilio fiscal donde está efectivamente centralizada la dirección y gestión del negocio. El significado del cambio del domicilio fiscal es que hay un cambio de localización de la dirección de la compañía.
Esto se puede comprender con bastante facilidad si se piensa en casos concretos: por ejemplo, el banco más grande de la eurozona tiene su domicilio social en el Paseo Pereda de Santander. Ahora bien, esta sede no es comparable en número de trabajadores y oficina con la Ciudad Financiera de Boadilla. Algo similar se puede decir de las sedes de Bankia, la social en Valencia, comparada con la torre sita en Madrid. Los cambios de dirección efectiva conllevan, evidentemente, mucho más que un mero cambio en una rúbrica en el Registro Mercantil.
Estos traslados implicarán el desplazamiento de miles de trabajadores, muchos de ellos de elevada renta, así como de servicios auxiliares, otras empresas... Esto llevará a la descapitalización de Cataluña. La gestión económica de Esquerra Republicana de Catalunya, y del partido antes conocido como Convergencia, actualmente el PDeCat, está llevando a Cataluña, no a la tierra prometida de Ítaca, sino simplemente a la ruina. A muy corto plazo, este movimiento no conllevará un cambio en la financiación de la Generalitat, ya que el Impuesto de Sociedades es de gestión y recaudación completamente estatal. Además, salvo en el caso de los territorios forales de Navarra y País Vasco, el Impuesto de Sociedades es el único de los grandes impuestos cuya recaudación no se comparte con las Comunidades Autónomas.
Ahora bien, en el caso de una hipotética independencia de Cataluña, este traslado supone un golpe mortal a la ya escasa capacidad de Cataluña para funcionar como un Estado propio. La viabilidad de la Arcadia feliz de Junqueras es imposible sin la capacidad para recaudar impuestos con los que pagar el gasto público. Para eso, lo primero sería disponer de una Hacienda propia capaz de gestionar, inspeccionar y recaudar los grandes impuestos, es decir, el IRPF, el IVA, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales.
Cataluña no dispone ni del personal, ni del sistema informático, ni de la estructura legal necesaria para gestionar los grandes impuestos. Además, tampoco dispone del elemento esencial para cualquier Administración Tributaria, la información legalmente obtenida imprescindible para gestionar y cobrar los impuestos. Ahora, con la fuga de las grandes empresas, ya ni siquiera podría, en el caso de una hipotética independencia, solicitar la información a las grandes empresas. Éstas estarán en el extranjero, y además no habrá acuerdos de intercambio de información. Esto convertiría la gestión tributaria en algo simplemente imposible. En fin, esta huida insensata hacia el abismo debe concluir.
No somos todavía conscientes de todas las consecuencias de la extrema irresponsabilidad de la política de Puigdemont, Junqueras, Forcadell y otros dirigentes separatistas. Estos dirigentes no querían un referéndum, que no estaba en su programa electoral, sino la declaración de independencia a cualquier precio, que es lo que llevan persiguiendo.
Los brillantes economistas que asesoraron el procés mintieron a todos los catalanes y ocultaron estas consecuencias, como ocultaron que no disponían de una Hacienda capaz de recaudar los grandes impuestos. De manera irresponsable, además, ocultaron los enormes costes de la secesión, y lo que explicaron a los catalanes fue que, gracias a la insolidaridad extrema, serían más ricos. Eso, como decía Borrell en la histórica manifestación del 8 de octubre en Barcelona, se podría haber denunciado por parte de los mismos que ahora huyen, y quizás no hubiesen tenido que hacerlo.
Es urgente volver a restablecer la legalidad y el cumplimiento de las normas. No existe democracia más que en el Estado de Derecho y en el cumplimiento de las leyes, especialmente por parte de las Autoridades Públicas. Esto no sólo es imprescindible social- mente, sino también necesario para no colapsar la actividad económica en Cataluña. Basta ya.
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