Según nos recordó en su día el profesor Manuel Jesús González, una Real Orden de 1791 recogía múltiples prohibiciones referidas a la vida cotidiana de los españoles, por ejemplo: el horario y las conversaciones en las tabernas ("no se leerán en ellas gacetas ni otros papeles públicos"), quedando prohibidas también "las conversaciones deshonestas" (y, por supuesto, las políticas).
La actual oleada de "prohibicionismo" sanitario puesta en marcha a toda vela por el Ministerio de Sanidad con el apoyo de sus lebreles, militantes del fundamentalismo saludable, no es, como puede verse, flor nueva en el solar patrio. Empero, cabe preguntarse si, en una democracia, el Estado está autorizado a meterse hasta tal punto en la vida privada de todos los ciudadano, incluso bajo un pretexto como es el cuidado de su salud.
Las prohibiciones como las que quisieron imponerse ligadas al vino tienen tremendo impacto mediático... y ahí está el quid de la cuestión. ¿Cómo se las arregla para salir en la prensa un Ministro de Sanidad que no tiene a sus órdenes ni un humilde ambulatorio? Ya lo dice el refrán: "cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo espanta las moscas".
Pues eso... y mientras, los médicos de una autonomía pueden estar cobrando un sueldo un 40% más bajo que los sueldos cobrados por idéntico trabajo en la autonomía vecina sin que, al parecer, dicho Ministerio tenga nada que decir ni hacer al respecto.
Para no hablar de las jubilaciones anticipadas de médicos, deporte que al socaire de la crisis pusieron en práctica muchas Comunidades Autónomas, según ellas para ahorrar (la diferencia de sueldos entre los médicos veteranos y los recién llegados, amén de las bajas producidas a cuenta de los "recortes"), sin tener en cuenta que estaban echando sobre las espaldas de la Seguridad Social unas pensiones pagadas, muchas veces, a quienes preferían seguir trabajando.
