Ante la inminente declaración unilateral de independencia (DUI), los principales bancos catalanes se han visto obligados a activar su cambio de domicilio social fuera de Cataluña. Banco Sabadell tomó la decisión este jueves de trasladar su sede a Alicante y Caixabank es muy posible que la tome en las próximas horas o días, probablemente a Baleares. Nada más conocerse estas decisiones, ambos valores han rebotado. Es obvio que se trata de un movimiento para calmar la incertidumbre del mercado financiero y de los clientes y evitar especulaciones sobre los posibles efectos que la independencia tendría sobre el normal funcionamiento de las entidades, su acceso al BCE y las turbulencias que todo ello acarrearía en su estabilidad financiera.
Se trata de un cambio de sede más cosmético que real, porque nadie cree que Cataluña se vaya a independizar y no se tendrá que realizar finalmente el cambio de dirección efectiva de los negocios a las nuevas sedes.
Este es un aspecto muy relevante, porque la normativa establece que para que una entidad de crédito sea española debe tener su domicilio social, así como su efectiva administración y dirección, en España. Es decir, legalmente el cambio de domicilio no serviría si en la práctica la gestión al máximo nivel de la entidad no se ejerce en ese domicilio. Pero nadie cree que esta efectiva dirección vaya a salir de momento de las sedes de las entidades en Cataluña y en todo caso es un paso que se podría dar, una vez cambiado el domicilio social, en cualquier momento.
Domicilio fiscal
De igual forma, tampoco implica que estas entidades vayan, de momento, a establecer su domicilio fiscal fuera de Cataluña, pues se rige por los mismos principios. Por tanto, para que el cambio fuera en la práctica efectivo de cara a una independencia real las entidades deberían dar este segundo paso.
El cambio de domicilio social sí indica al mercado y a los clientes la firme voluntad de estas entidades de seguir teniendo ficha bancaria española, pues en caso de estar radicadas en un tercer país la perderían de inmediato, dejando de ser entidades de la Unión Europea, perdiendo el acceso al Banco Central Europeo y abandonando su supervisión, circunstancias todas ellas impensables para cualquier banco del tamaño que sea. Ni que decir tiene que al mismo hipotético riesgo está expuestos el resto de la banca radicada en Cataluña.
Vemos por el rebote de ambas entidades cómo el mercado no ha analizado en detalle los aspectos legales de la cuestión, puesto que estos cambios no implican nada práctico en realidad ni eliminan el riesgo, ya que para eliminarlo por completo deberían salir las estructuras de dirección sustancialmente de Cataluña, algo que no se va a producir, más que nada porque al final será innecesario. Pero la banca es confianza y al mercado y al público les basta este gesto para creer que estos bancos ya han salido de Cataluña y sus riesgos, cuando lo único que se ha hecho es un papel, que podrá ser todo lo importante que se quiera, pero que no es todo lo que haría falta en el peor de los casos.
Pueden estar completamente tranquilos los mercados y los clientes de estas entidades porque son empresas que, como tales, carecen de posicionamientos políticos que anteponer al interés de sus clientes y la continuidad de sus operaciones, razón por la cual el nerviosismo sobre su situación era tan artificial como el cambio que se está realizando para sofocarlo.
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