El pleno de la independencia del próximo lunes en el Parlamento catalán es la nueva fecha para la Historia. Demasiadas cosas graves han ocurrido desde las dos sesiones bochornosas del mes de septiembre, pero de nuevo se nos sitúa ante la cita con el destino provocada por el desafío a la legalidad y a la democracia española.
La primera de las cuestiones sobre la mesa es la necesidad expresada por diversos actores de que se deje actuar a uno o varios mediadores, incluso de fuera de nuestras fronteras. Surgen propuestas bienintencionadas de mediación por doquier. Falsas y verdaderas. Incluso surgen instituciones que aclaran de forma tajante que no cuenten con ellas para mediación alguna.
Este paso de aceptar un árbitro es inadmisible desde el punto de vista de cualquier Estado que se vea sometido a esta grave vulneración de la legalidad. Eso, jurídicamente. Políticamente nadie en su sano juicio institucional aceptará colocar a una administración territorial al mismo nivel que el de un Estado, y mucho menos con el chantaje de una declaración de independencia encima de la mesa. Si quienes hacen ese llamamiento a la mediación han sido agitadores necesarios de este proceso aunque no hayan formado parte de él, resulta aún más inadmisible e incluso sarcástica la propuesta.
Luego está la estrategia parlamentaria de someter al gobierno ahora a una nueva reprobación, herramienta excepcional en momentos de tranquilidad institucional y mucho más transcendental en situaciones de gravedad como la actual. El desgaste del adversario por sus errores es lícito, legítimo y hasta conveniente en política para que nadie se apoltrone. Pero hay dos detalles que hacen de esta propuesta reprobadora contra el ejecutivo un dechado de inoportunidad.
Primero, el efecto dramáticamente negativo que tiene cualquier fisura entre quienes defienden en el Congreso la unidad del país, si es que ese es realmente el bien superior que se quiere proteger. Y segundo, la justificación de tal medida con un argumento inexacto. Ningún miembro de ningún gobierno ordenó a los agentes de las Fuerzas de Seguridad que cargaran violentamente contra los ciudadanos el pasado domingo, sino que fue una magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la que dictó una orden judicial muy clara para que se impidiera la votación retirando el material que la sustentara. El uso de la fuerza si hay resistencia para dar cumplimiento a una orden de la Justicia viene dado por el ordenamiento legal de nuestra democracia.
En estos próximos cinco días los resortes legales de la nación española están a disposición del gobierno para impedir lo que a todas luces se va a producir el lunes. La cuestión es si se debe seguir esperando para dar respuesta a modo de acción-reacción, o si con los elementos evidentes que ya hay encima de la mesa en forma de declaraciones, leyes suspendidas y hechos consumados se puede actuar de manera preventiva. El presidente quiere que la suspensión de competencias de la autonomía catalana sea apoyada por los tres grupos políticos que defienden la vigencia de la Constitución. Pero llega un momento de la Historia en que la soledad del despacho presidencial es la única compañera de viaje ante la responsabilidad de los hombres frente al destino. En pocos días sabremos si las decisiones que se tomen obedecen a la grandeza de ese destino.
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