En menos de 30 años, España ha pasado de una estructura totalmente centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. No en vano, las CCAA son la mayor de las Administraciones españolas: absorben más de un tercio de su gasto final total y más de la mitad de su personal a la vez que gestionan los servicios públicos con incidencia más directa sobre los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales.
En nuestro país conviven dos sistemas de financiación regional muy diferentes: el Foral, en el País Vasco y Navarra, y el de Régimen Común, en el resto de CCAA. En el primero son las Haciendas forales las que recaudan y gestionan todos los tributos para después transferir al Estado una cuota denominada 'cupo', que en principio debería cubrir el coste de los servicios sufragados por el Estado en su territorio. En el sistema de Régimen Común, es el Estado quien mantiene el control directo sobre buena parte de la recaudación de los tributos, para luego transferir a la CCAA los recursos necesarios para que estas puedan financiar las competencias cedidas.
Las reformas llevadas a cabo en el modelo de financiación, la última en 2009, es uno de los asuntos que más controversia ha generado entre los Gobiernos regionales y la Administración Central. Con la llegada de la crisis, el debate se agudizó, llegando incluso a convertirse en uno de los principales argumentos del independentismo catalán desde 2012.
Cierto es que a nuestro modelo de financiación le hace falta una redefinición. Las sucesivas reformas se han traducido en un gradual aumento de la autonomía tributaria de las CCAA y en una creciente complejidad del modelo sin resolver los problemas de equidad subyacentes. Y el resultado final ha sido siempre un sistema complejo y poco transparente, con serios problemas de equidad y eficiencia. El arbitrario reparto de recursos llega a producir unas diferencias de hasta 29 puntos entre las regiones mejor y peor financiadas, diferencias que nada tienen que ver con factores de coste, ni con ingresos tributarios de los distintos territorios, sino que vienen de la mano del arbitrario reparto de recursos que genera el actual sistema. Así, nos encontramos que en 2015 el volumen total de la financiación definitiva regional experimentó un alza interanual del 6,9 por ciento y que Cantabria y La Rioja fueron las autonomías mejor financiadas en cuanto a financiación efectiva a competencias homogéneas por habitante ajustado. Tras ellas, se situaron Baleares, Castilla y León, Aragón, Asturias, Galicia y Castilla-La Mancha. Mientras que las peor financiadas fueron la Comunidad Valenciana, Andalucía, Comunidad de Madrid y Cataluña.
Con el fin de solventar las carencias del modelo, el pasado julio una comisión de expertos presentó a instancias del Gobierno un dictamen detallado sobre la reforma del sistema con propuestas para mejorar la autonomía financiera de las CCAA de régimen común. Entre las propuestas, otorgar capacidad sobre el IVA a las regiones o acabar con el llamado 'statu quo', cláusula que impide que ninguna comunidad autónoma pierda respecto al anterior sistema en caso de reformar el modelo.
El traslado a cifras del dictamen ha sido realizado por Ángel de la Fuente, director de Fedea, que bajo distintas hipótesis calcula cómo quedarían las regiones en caso de que llegue a buen puerto la reforma del modelo. Para los cálculos aplica dos nuevos instrumentos, el Fondo Básico de Financiación (FBF), formado por los recursos propios y cedidos a las CCAA, y el Fondo de Nivelación Vertical (FNV), que se nutriría con el dinero aportado por el Estado que sería repartido entre las 15 comunidades de régimen común para reducir la desigualdad. De aplicarse el sistema propuesto por los expertos y respetando el 'statu quo', que de una forma gradual deberá ir desapareciendo, la diferencia entre la región mejor financiada y la peor podría pasar de 29,2 a 11 puntos, siendo las más beneficiadas Madrid y Cataluña, que son las que más aportan a la caja común, así como Valencia, gran perjudicada del actual modelo.
