Todo desafío ilegal necesita una respuesta. No es posible que se demande al ciudadano un respeto a las normas que nos hemos dado en democracia, y luego queden sin castigo comportamientos y decisiones claramente contrarias a la legalidad. El Estado es una maquinaria pesada y gigantesca, pero cuando se pone en marcha resulta implacable, como esperamos ver en los próximos días y de hecho ya se está apreciando.
Otra cosa es la respuesta política que ese golpe a la legalidad necesita. Hace una semana nos congratulábamos todos del contacto permanente que los tres líderes constitucionalistas, Rajoy, Sánchez y Rivera, mantenían en los días clave del atropello parlamentario que supuso la aprobación de las leyes de la independencia. En apenas unas horas, el presidente se reunió o conversó en repetidas ocasiones con sus interlocutores, cosa sobre la que esta semana hemos dejado de tener constancia, aunque lo más probable es que se haya vuelto a producir.
La apariencia puede enviar impresiones distorsionadas a los españoles. Por eso es tan negativo que haya discrepancias en público sobre este asunto entre esos tres actores: Gobierno, PSOE y Ciudadanos. La necesaria unidad pareció quebrarse este miércoles en la sesión de control, aunque desde hace algunos días ya se apreciaban tensiones de tipo partidista, algo claramente nocivo para el interés común que es preservar la defensa de la Constitución y de la unidad del país.
Los tacticismos no proceden en este momento. Los socialistas tratan de marcar distancias con el PP y con Rajoy, dentro de su inconfundible apoyo a la respuesta judicial, como no podía ser de otra forma. Su propuesta de una comisión de diálogo que analice ya la posible reforma del sistema autonómico es su forma de diferenciarse del gobierno con ideas modernas y participativas. Ciudadanos plantea ahora un grupo de expertos juristas que estudie desde ya la reforma de la Constitución. Y ambos no desaprovechan la oportunidad, a través de sus portavoces cada vez que acceden a un micrófono, para criticarse mutuamente por la ocurrencia del partido de enfrente.
Seguramente la fotografía de los tres líderes apareciendo juntos ante las cámaras en un frente común visible no era imprescindible. Pero airear que fue Pedro Sánchez quien se negó a facilitarla es un error que perjudica al bien común, aunque quede genial para intentar arañar unos cuantos votos en la próxima cita con las urnas. ¿Se acordará algún elector de ese detalle cuando elija papeleta? Contestado queda.
Esa obsesión por parecer mejor, más imaginativo, más solvente que el partido situado a tu lado, aunque sea dentro de un gran consenso por la unidad de este país, resulta nociva y en cierto punto ridícula. Todos son conscientes de la magnitud del desafío que tienen delante, de la gravedad del momento actual que atraviesa este proyecto común que conocemos como España, y en consecuencia deberían aflorar las posiciones estadistas, generosas y con grandeza de miras. No hay elecciones el año que viene. Piensen en el bien supremo y olviden el beneficio particular.
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