Las circunstancias hacen extraños compañeros de cama. El pasado lunes, de buena mañana, el secretario general del PSOE le envió un mensaje al presidente del Gobierno y éste le contestó de inmediato con una llamada telefónica. Recuerden que Pedro Sánchez es el mismo que lleva tres años azotando a Mariano Rajoy, el que le llamó indecente en un debate televisivo y quien aún ahora le obliga a comparecer de nuevo en el Pleno del Congreso por lo de la Gürtel.
En esa conversación, Sánchez, el del "no es no", plantea la necesidad de crear un frente común ante el desafío del independentismo catalán, que esa misma mañana presentaba una Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República de Cataluña. Ahí es nada, una ley de desconexión que pretende, según sus osados promotores, garantizar un proceso ordenado de separación "en caso de que gane el sí en el referéndum del 1-O".
No cabe cinismo mayor. Cómo no va a ganar el sí teniendo en cuenta que solo están de acuerdo con el plebiscito los independentistas y, por tanto, el resto no ha de tener propósito alguno de ir a votar. Cómo no va a ganar el sí, cuando los promotores de la consulta pretenden darle validez al resultado aunque solo acudan cuatro gatos a votar. Con semejante planteamiento, cualquiera diría que la proclamación de la República catalana será un hecho el 2 de octubre de 2017. Así lo creería cualquiera que no conociera la ficción en que lleva inmersa la política de Cataluña desde que Artur Mas se subiera al monte y desatara este gigantesco disparate que está quemando absurdamente toda la energía de aquel territorio y buena parte de la del resto de España. Nada de lo que dicen y hacen está se compadece con la realidad.
Se supone que esa Ley de transitoriedad es la ley suprema de su pretendida república, y habida cuenta de la pompa y circunstancia que le dieron a la presentación de la Ley del Referéndum, con aquel acto multitudinario en el Teatro Nacional y con los primeros espadas de la cosa, cabría imaginar una puesta en escena, como poco, similar a aquella. Pero ni escena ni escenario ni primeros actores. La presentaron los del botijo, dos diputados del Junts pel Sí y dos de la CUP, que mostraron, sin boato alguno, los 89 artículos de la norma con la que pretenden perpetrar la desconexión.
Ninguno, en cambio, fue capaz de contestar cómo lograrán darle validez frente a la intervención del Gobierno de la Nación. Parece como si el golpe de Estado que se proponen, saltándose todas las leyes y garantías de la democracia y el Estado de Derecho, incluido el propio Estatut que los catalanes aprobaron en referéndum, fuera lo más normal del mundo. Aún resulta más sorprendente la naturalidad con la que intentan colar la conversión de la Cataluña liberal, diversa y democrática, en un Estado autocrático, con un régimen autoritario en el que se cargarían, de un plumazo la separación de poderes, al dejar el sistema judicial en manos del Ejecutivo. Un Estado donde los procesos electorales estarían controlados por el Gobierno sin garantía alguna de imparcialidad, y donde el Parlamento se sometería a los dictados de esos llamados procesos de participación ciudadana que manipulan a su antojo los entes del soberanismo.
Un proyecto político, en definitiva, en el que se ha impuesto claramente la mano y la presión de la CUP y que, de hacerse realidad, empalidecería las aberrantes maniobras de Nicolás Maduro para eternizarse en el poder. A toda esta locura y a su referéndum, con urnas clandestinas, censos ilegales y sindicaturas electorales escogidas a dedo, quieren darle ese aire de normalidad y campechanía que mantiene asustada y todavía silente a la mayoría de los catalanes.
Nada de lo que han hecho hasta la fecha ha pasado de ser ficticio. Mucho anuncio, mucha presentación y mucha puesta en escena pero, de momento, allí nadie firma un papel que les pueda comprometer. Pero la política virtual en la que viven habrá de tocar tierra necesariamente en el momento en que su Ley de transitoriedad sea tramitada por la Mesa del Parlament. A partir de ese momento, todo se precipitará. En vísperas del 11 de septiembre, Día de la Diada, aprobarán también la Ley del Referéndum, y el Estado habrá de caer sobre ellos con todo su peso.
Solo falta un mes para el 1 de octubre y el tan temido choque de trenes será inevitable. Al Gobierno de la Nación le corresponde el conseguir que el tren del Estado de Derecho sufra lo menos posible en la colisión. Cuenta, en esta fase, con el manifestado apoyo del PSOE para la creación de un "frente común", otra cosa distinta no la admitiría su electorado. La hora de la verdad se acerca, y la dirección socialista ha dicho alto y claro que no habrá ni referéndum ni República catalana. Esta vez, su mensaje coincide con el de Mariano Rajoy. Las circunstancias que se avecinan no admiten, en ese frente, fisuras.
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