Leo un artículo firmado por la directora de cine Isabel Coixet, que comienza diciendo algo muy razonable: ser catalán y español no son conceptos antagónicos; como, tampoco, no ser independentista no significa que se sea fascista. Coixet dice también que el debate sobre las esencias patrias catalanas ha engullido otro más oportuno, como es la discusión sobre la clase de sociedad que queremos; añadiendo la urgente necesidad de que alguien cuente con claridad cómo sería la nueva república independiente de Cataluña. Según la visión de Isabel Coixet, tal república acabaría siendo una mezcla de Shangri-La, Legoland y Gamínedes.
Hacía tiempo que no leía algo con tanto sentido común. Reproduce lo que piensa una gran mayoría de españoles, sean catalanes, andaluces, gallegos, vascos o de cualquier otra región. En el fondo, en un sistema democrático abierto, libre y plural como el español, los políticos están para trabajar por un modelo de sociedad que responda al interés de la mayoría de los ciudadanos que, en el fondo, no es sino lograr un mayor bienestar en un marco legal transparente, que se dé en libertad, con igualdad de oportunidades y con un eficiente reparto de la riqueza; que evite los abusos, que se esfuerce por la seguridad, que haga cumplir las leyes, y que luche contra las clases extractivas, ya sean élites extractivas o grupos extractivos antisistema.
La alusión a Legoland es muy representativa. Legoland muestra un mundo ideal dividido en áreas temáticas, apropiado para que lo visiten las familias con niños pequeños a los que les atraen los muñecos lego, clones unos de otros. Además, a estas alturas, a pocas semanas del supuesto referéndum de independencia, nadie sabe cómo sería la nueva república catalana, como se conformaría jurídicamente o como se establecería su estructura constitucional. Tampoco es conocido donde se ubicaría internacionalmente este nuevo ente político; pues, aparte de países como Alemania o Francia, por ejemplo, que ya lo han rechazado tajantemente, son bastantes los organismos multilaterales, incluida la Unión Europea, que han manifestado su negativa a reconocer esa nueva Cataluña.
Dadas las múltiples incógnitas, se podría pensar también en Second Life en lugar de Legoland. Un espacio virtual al que se llega después de conseguir el correspondiente avatar que permite interactuar con otros residentes. En Second Life se llevan a cabo actividades comerciales, se crean propiedades, existen redes sociales, e incluso hay una moneda común: el dólar linden. Además, existe ahí una importante vida cultural, donde no faltan los deportes, los conciertos o el cine. Darse de alta es gratuito, aunque de ser así surge el problema de que el inquilino de un terreno puede perderlo pues, al haberlo tomado gratis, depende totalmente del propietario del mismo, y carece de la necesaria protección jurídica.
Cataluña, sin embargo, no es un mundo virtual. Los planteamientos esgrimidos por los dirigentes de la Generalitat, y los grupos políticos que les apoyan, tienen importantes carencias democráticas. No se trata sólo de comprar urnas o de que todo el proceso atente contra la legalidad catalana vigente, que se fundamenta en la Constitución española, sino que, a fecha de hoy, no existe un censo que ofrezca las menores garantías, a lo que se suma ese peculiar mensaje de que la independencia se decidirá con la mitad más uno de los votos, pudiendo llegar al caso de que unos pocos miles impusieran un incierto destino a muchos millones de personas.
Pero hay más. En todo este cúmulo de despropósitos aparece la realidad económica. Cataluña, como parte que es del Estado español, mantiene hoy su economía gracias a los préstamos que realiza el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico, a quien debe más de 57.000 millones de euros, alrededor del 67% de toda la deuda pública catalana. Deuda que tiene con todos los españoles, incluidos los catalanes. Con el agravante de que el bono catalán está al nivel del bono basura, y su mercado de deuda está cerrado. Moody's mantiene el bono catalán tres niveles por debajo del grado inversor; S&P, lo coloca cuatro por debajo; y Fitch, dos. Para la economía catalana no existen hoy ni mercados primarios ni secundarios de deuda.
En otro orden, si la prima de riesgo del Estado español es inferior a los 100 puntos básicos, Cataluña no tiene liquidez para afrontar sus necesidades de financiación. No se trata por tanto de aligerar el problema mediante una quita de la deuda, como propone de forma insolidaria con el resto de las Comunidades Autónomas el secretario de Organización del PSOE, se trata de volver a la senda del 'seny' en un marco de entendimiento. Es el momento, como decía Isabel Coixet en su artículo, de solventar diferencias con genuina voluntad de diálogo, ya que es siempre mejor sumar que destruir, para enfrentarse al complejo entorno global en el que todos nos movemos.
Entidades
