Suele llegar un día en el que te alcanzan las consecuencias de tus actos. En lo que se refiere a la amnistía fiscal del ministro Montoro, ese día fue el pasado 8 de junio cuando el Tribunal Constitucional declaró, por unanimidad, inconstitucional y nula la amnistía fiscal.
Trece días después, Montoro compareció para dar "explicaciones". Era complicado que lo que no se había explicado en más de cinco años, se conociese ahora. Efectivamente, de la comparecencia se pueden sacar algunas lecciones, pero escasa información de un proceso chapucero, inconstitucional e inmoral.
La lección más evidente y repetida es que, para el PP, la mala situación económica de 2012 lo justifica todo. De alguna forma, la crisis era una oportunidad para realizar unas políticas que en otras ocasiones "ni se les hubiesen pasado por la cabeza". Incluso, aún más, era prácticamente obligatorio haber tomado esta medida.
El colmo de este razonamiento es que la "amnistía fiscal contribuyó a evitar el rescate de España". El detalle de que la amnistía sólo recaudó 1.193 millones, en un año en que el déficit público excedió de 100.000 millones de euros, hace que el razonamiento no tenga ni pies ni cabeza.
Admitiendo que la situación económica de 2012 era muy mala, eso no significa que cualquier medida que se tomase fuese un acierto. De hecho, desde Ciudadanos creemos que la política del triple eje fue un error. El triple eje del PP de la mayoría absoluta fue subir indiscriminadamente los impuestos a los contribuyentes honestos, amnistiar a los defraudadores y recortar los medios en la lucha contra el fraude fiscal. Es cierto que cinco años después estamos mejor, pero eso es mérito del esfuerzo de los españoles y no de una política fiscal manifiestamente mejorable.
El ministro Montoro señaló que había pedido perdón públicamente por haber subido los impuestos en 2012 y 2013. Sin embargo, se negó a pedir disculpas a los españoles honestos, muchos de los cuáles están haciendo ahora la declaración de la renta, por haber aprobado una amnistía fiscal inconstitucional. El argumento era que la amnistía solo era inconstitucional por defecto de forma. El defecto de forma era que se había utilizado un instrumento, el decreto ley, que no era el adecuado.
En primer término, el decreto ley sólo debe utilizarse en caso de urgencia. La amnistía no debía ser tan urgente cuando se tardaron más de dos meses en aprobar el modelo de declaración, tiempo en el que ningún defraudador se pudo acoger. Además, el decreto ley implica una drástica disminución de la participación y el debate en las Cortes Generales, lo que genera una evidente falta de legitimidad democrática.
En tercer lugar, todo esto simplemente es una chapuza, porque era bastante evidente que sustituir las obligaciones fiscales de los principales impuestos por una tarifa plana del 10%, que luego encima se quedó en menos del 3%, afectaba de forma sustancial al deber de contribuir de los defraudadores.
Lo que obviaron tanto Rajoy como Montoro, fue que el Tribunal Constitucional no sólo anula por infracción del artículo 86, que regula los decretos leyes, sino que también realiza unas durísimas críticas a la amnistía fiscal, estableciendo, sin lugar a dudas, que la amnistía también infringía el propio deber de contribuir regulado en el artículo 31 de la Constitución, y "legitimaba" la conducta de los defraudadores.
Además de no pedir disculpas, y de no aclarar nada, algunas declaraciones resultaron sorprendentes. Por ejemplo, el ministro Montoro señaló que sólo un dirigente del PP se acogió a la amnistía fiscal, mientras que "hay más casos en el grupo socialista". Sin entrar en otras consideraciones, lo que hay que hacer con un listado de defraudadores es comprobar su situación tributaria, y además, el origen del dinero, por si fuese delictivo, ya que podríamos estar ante casos de blanqueo de capitales. Lo que, obviamente no hay que hacer es comprobar la afinidad ideológica de los defraudadores.
También resultó sorprendente que el ministro leyese en sede parlamentaria que no se podían acoger a la Declaración Tributaria Especial (léase amnistía fiscal), los contribuyentes que estuviesen siendo objeto de una investigación judicial o administrativa. Y es sorprendente, porque el Decreto Ley sólo pone administrativa. Ese "error" fue advertido inmediatamente, pero, extrañamente, no se subsanó en los seis meses en que estuvo abierta la amnistía fiscal.
Por supuesto, ni Montoro, ni Rajoy, ni ningún dirigente del PP aclaró ninguna de las "dudas" de todo este proceso inmoral y chapucero, ni siquiera las que le planteó el único grupo que apoyó la amnistía fiscal, CiU. Nadie explicó ni por qué se permitió acogerse a imputados penales por delito fiscal, ni tampoco la explicación a permitir aflorar efectivo con el riesgo evidente de blanqueo de capitales. Mucho menos se explicó el ilegal informe de la Dirección General de Tributos, la amnistía de la amnistía, que permitió que se tributase sólo un ridículo 3%, y no el ya inconstitucional 10%...
Lo único que sacamos en claro, más allá de la capacidad de algunos de realizar declaraciones "sorprendentes", o incluso de insultar impunemente, fue que el ministro estaba dispuesto a prohibir por ley las amnistías fiscales. Eso sí, prohibirlas para el futuro, sin haber admitido que la suya, vergonzosa e inconstitucional fue un error. Eso no sirve absolutamente para nada, porque la siguiente ley de amnistía anularía la prohibición, lo que además ya ha ocurrido en España. Además, con la Sentencia del Tribunal Constitucional ya no cabrían nuevas amnistías.
Desde Ciudadanos consideramos que igual que los españoles de 2012 no se merecían que les subiesen los impuestos mientras amnistiaban, chapucera e inconstitucionalmente, a los defraudadores, los ciudadanos en 2017 se merecen una explicación satisfactoria y unas disculpas que no han llegado. Por eso, apoyaremos la reprobación del ministro Montoro la próxima semana en el Congreso.
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