La economía española se sostiene sobre los hombros de millones de autónomos y pequeños empresarios que, junto con sus trabajadores, se dejan la piel cada día para sacar adelante sus negocios, pagar las facturas y, en el mejor de los casos, poder aumentar sus plantillas. Autónomos y pymes representan más del 90% del tejido empresarial de este país, por lo que, sin ellos, el motor que hace avanzar a España se detendría por completo.
Sin embargo, a lo largo de los últimos años muchos de estos negocios se han visto obligados a cerrar, enterrados bajo una montaña de facturas impagadas por parte de proveedores y, sobre todo, por parte de las Administraciones Públicas. Unas Administraciones que han convertido en papel mojado las leyes vigentes y sobre las cuales no aplica ningún tipo de régimen sancionador verdaderamente eficaz. Una injusta desigualdad de condiciones que ha terminado por convertirse en la tumba de millones de proyectos, ilusiones y ahorros de toda una vida. Un gravísimo problema que está teniendo un impacto desolador para millones de pequeños empresarios que deben resignarse a esperar plazos eternos para cobrar lo que, al fin y al cabo, se les debe. Facturas que necesitan para seguir adelante, para hacer frente a sus pagos, para poder pagar el alquiler, la luz, a sus trabajadores o para tratar de llegar a final de mes con unos ingresos dignos.
La Comunidad de Madrid fue una de las autonomías que más tardó el pasado año en abonar sus facturas pendientes con los trabajadores por cuenta propia. El gobierno de Cristina Cifuentes tardó en pagar en 2016 una media de 73 días, según los datos publicados por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Casi dos meses y medio de agónica y obligada espera mientras que en la dirección contraria, los recibos o el pago de impuestos llegan puntuales sin pena de tener que abonar sangrantes recargos.
El tiempo de mirar para otro lado se acabó. El tiempo de promesas vacías, incumplidas y olvidadas en el cajón debe dejar paso a soluciones pragmáticas y urgentes que pongan fin a esta situación. Necesitamos una solución seria y consensuada que ponga punto y final, de una vez por todas, a la impunidad de la que disfrutan las Administraciones Públicas morosas y el abuso que sufren los autónomos y las pymes españolas.
Desde Ciudadanos hemos impulsado una ley que pretende acabar con esta situación. Una ley que llevamos al Congreso el pasado mes de mayo y que se articula en torno a tres ejes principales: en primer lugar, esta ley recoge la puesta en marcha de un mecanismo de arbitraje para que ambas partes (deudor y acreedor) puedan llegar a un acuerdo de forma extrajudicial, fijando para ello plazos concretos y garantizando que los pagos puedan hacerse de manera efectiva, ágil y rápida. En segundo lugar, la propuesta de ley aborda la necesidad de mejorar la transparencia, obligando a las grandes empresas y a las Administraciones Públicas a hacer públicos los datos de demora y morosidad. Por último, el texto fija un régimen sancionador que establece como infracción grave exceder el plazo legal de pago en más de veinte días, mientras que se consideraría infracción muy grave el que dicho plazo legal de pago se exceda en más de sesenta días. Las multas para infracciones graves oscilarían entre los 2.046 euros hasta los 40.985 euros, en función del grado de gravedad, mientras que las multas para las infracciones muy graves podrían alcanzar, en su máximo, entre los 409.891 euros a 819.780 euros. No obstante, el objetivo de la Ley no es recaudar, sino desincentivar este tipo de situaciones que, en la práctica, están llevándose por delante miles de negocios cada año.
Es, en definitiva, nuestro compromiso y nuestra obligación terminar con la indefensión que sufren millones de pequeños negocios en nuestro país. Una indefensión tejida por la indiferencia de la vieja política con los pequeños empresarios que debe convertirse en fortaleza a través de reformas valientes y política útil. Ya es hora, ¿no creen?
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