Hace prácticamente un año, el 17 de mayo de 2016, convocados por el Instituto de Estudios Económicos, se reunió un importante grupo de economistas del sector privado y de la Universidad. La situación derivada de esa reunión fue la publicación por el mencionado Instituto del documento España en la encrucijada: la disciplina fiscal es innegociable. Señalaban que tras las elecciones del 26 de junio de 2016, para rectificar la fragmentación provocada por el resultado electoral del 20 de diciembre de 2015, se pensaba que sería muy grave que el nuevo Gobierno "no emprenda las reformas adicionales que están todavía pendientes y que son necesarias". Para ello se necesitaba un sólido apoyo parlamentario "que respalde las grandes líneas de reforma de política económica". Se trataba, como señalaba este documento, de "reformas estructurales desde el lado de la oferta", las cuales "aun no se habían puesto en acción".
La nueva política económica, se decía y por supuesto que parecía lo más lógico, exigía "ser estricta con la consolidación presupuestaria", destacando que, aparte de contemplar con agrado el avance de los ingresos, "sobre el lado de los gastos... se debe seguir racionalizando la Administración con el objetivo de reducir por esta vía, el déficit potencial de nuestra economía", defendiendo "la reducción de organismos, agencias y empresas públicas que (se exponía exactamente)‑no obedecen ni a criterios de necesidad, ni de eficacia, ni de eficiencia". Se insistía en que el control del gasto tendría que ser en todas las Administraciones. Se consideraba intangible la reforma laboral de 2010 y 2012. También se condenaba la "reintroducción de restricciones a la libertad empresarial, por ejemplo, limitaciones a la apertura y horario de los centros comerciales" al considerar "que ejercerían un efecto muy negativo sobre las decisiones de inversión, tanto nacionales como extranjeras y una paralización de la creación de empleo". Y se lanzaba una profecía. Si no se alteraba todo ese panorama en el sentido defendido por el documento, "el año próximo, o sea el 2017, no superaría (el incremento del PIB) el 1,7%, con un preocupante escenario, de cara a los años posteriores en lo que se refiere, entre otras cosas, a la capacidad de juego de nuestra deuda". Todo esto corría el riesgo de hacer surgir, a causa del déficit del sector público, un incremento de la prima de riesgo soberano, y la inmediata caída de la inversión por el incremento de los costes financieros.
Es evidente que, aun en minoría, el Gobierno ha tratado de superar ese riesgo. Pero ciertos partidos legislativamente más afines, se han orientado hacia posturas -se supone que para lograr ventajas electorales‑ incluso socialdemócratas. Además, el propio PSOE se ha radicalizado. El gasto público se ve comprometido por el poder creciente de entidades políticas del ámbito autonómico o incluso con planteamientos separatistas. Toda una serie de irregularidades y de situaciones corruptas, disminuyen en algún grado las perspectivas de acción del Gobierno. Simultáneamente, en relación con planteamientos a largo plazo, el panorama político europeo tiende a complicarse, y ahí residen fuentes importantes de renta, a través de nuestras exportaciones. En algunos países iberoamericanos, nuestras inversiones en ellos pasan por problemas muy serios.
Mas he aquí que, en 2017, con todo este panorama de frenos a la economía, se observa una realidad que no puede calificarse por menos de francamente satisfactoria. Vemos claras muestras de ello en el Informe Mensual de Caixa Bank Research, que en febrero de 2017 señalaba que en la economía española se contemplaba un ritmo de desarrollo "envidiable, mejor que el de la mayor parte de nuestros socios europeos", aunque desde luego admitiendo que papel de freno, por fuerza, tienen que representar el "que la incertidumbre exterior no cede, como se ha visto, y los retos internos (déficit público, pensiones, mercado laboral, etc.) siguen siendo importantes, y por eso se indica que ha de existir un ansia de recuperación del ímpetu reformista", porque esto es lo que puede resolver, definitivamente, la liquidación de trabas para nuestro desarrollo. Y esta publicación, en el apartado de Previsiones fijaba el crecimiento del PIB para 2017 en el 2,6%.
¿Y por qué no existía un ambiente tan de freno al optimismo, como se expone en la citada publicación de 21 de junio de 2016 del Instituto de Estudios Económicos, trasunto de la reunión de economistas? En ese mismo número de Informe Mensual, bajo el título de Coyuntura: España crecimiento robusto en 2016 y perspectivas positivas para 2017, se atribuía ese buen panorama al siguiente conjunto de factores: "El principal motor del crecimiento en 2016 fue la demanda interna, impulsada por la mejoría del mercado laboral y la confianza empresarial", añadiendo que "sin embargo, también es destacable la buena evolución de la demanda externa neta, que poco a poco ha ido recobrando protagonismo gracias al buen comportamiento de las exportaciones y a un crecimiento más contenido de las importaciones", y a ello se añade "la confluencia de unos factores de apoyo temporales, como el bajo precio el petróleo y la política monetaria expansiva del BCE y de los efectos positivos de las reformas estructurales llevadas a cabo en los últimos años", al sustituir el Gobierno Rajoy al Gobierno de Rodríguez Zapatero.
Y si pasamos al Informe Mensual de abril de 2017 nos encontramos con que la base para nuestra expansión económica, que continúa -la previsión de incremento del PIB para 2017, ha subido, para esta publicación-al 3,4% significa una superación del 3,1% de 2016, en "una política monetaria todavía acomodaticia en los países avanzados... (y este avance) también se apoya en los emergentes", pero no elimina el comentario la incertidumbre política internacional, concretamente desde luego la europea.
Pero hemos salido de la encrucijada de 2008. Y en realidad, ¿quién nos ha sacado de ella? Desde luego, algo la resistencia del Gobierno a aceptar medidas heterodoxas, a pesar de que todos, absolutamente todos los partidos políticos aliados o enfrentados con el Gobierno, el cual ha dejado, en mayor o menor grado, a un lado la heterodoxia. Pero esto no hubiera sido suficiente. El gran impulso se debe a la acción empresarial, que parece que intenta mostrar que en ella radica la base esencial del desarrollo, aceptando además que el mercado no es solo el de ámbito nacional, sino el global. Todo esto se logra con un fenómeno colosal de transnacionalización, y el riesgo doble de la abundancia de microempresas y los golpes que suministra la entrada en un novísimo y amplio capítulo de la Revolución Industrial.
Por supuesto, si todo un amplio grupo de ciudadanos no comprende esto y prefiere entusiasmarse, la palabra la tomo de Böhm Bawerik con "locas propuestas, que conducen a la ruina" y que parecen ser atractivas, en las próximas elecciones, nos encontraremos después de haber salido de ésta, en una nueva encrucijada.
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