Los Presupuestos Generales del Estado, cuyo debate y votación en Pleno, tras cerrarse unos apoyos controvertidos, tendrá lugar esta semana, son el principal instrumento de política macroeconómica, al contener las previsiones de gastos y estimaciones de ingresos públicos para cubrirlos. Por ello, resulta pertinente aclarar ciertos aspectos que los ciudadanos deben conocer.
Eludiendo referencias de manual, existen posiciones extremas, por tanto con cierto matiz peyorativo, sobre el papel de los presupuestos. Una que, ante todo, deben ser austeros. Los déficits se producen por una propensión natural al despilfarro de un sector público caro e ineficiente, provocando, al absorber la oferta de financiación, una "expulsión" del sector privado que se refleja en reducción de la inversión y el crecimiento.
La postura contraria es considerarlos un instrumento proactivo para influir sobre el nivel de renta, vía, principalmente, inversiones públicas. El mercado dejado a su propia inercia es ineficiente e injusto. Claro que hay demasiados ejemplos de inversiones improductivas, desde gobiernos de distinta ideología, con frecuencia asociadas a la corrupción.
Dos preguntas cruciales sobre el presupuesto. ¿Tenemos una senda fiscal sostenible y adecuada al tamaño de nuestra economía? ¿Cubrirán los ingresos públicos adecuadamente los gastos públicos?
Para responder sin caer en la costumbre de emitir opiniones sin datos, nada mejor que acudir a fuentes oficiales consideradas, en principio, solventes. Según Eurostat, nuestro gasto público en 2016 se situaba en el 42,4% del PIB, frente al 47,8% de la Eurozona. En ingresos públicos nos situamos 8 puntos por debajo (37,9% frente al 46,2%).
Estos diferenciales son tradicionales, pero en últimos años la situación presupuestaria europea ha mejorado respecto a la española, donde tanto el aumento de gastos como la disminución de ingresos han ampliado la brecha, hasta tener el déficit más elevado de la Eurozona en 2016, aun cumpliendo los objetivos marcados por el PEC (pero seguimos en "déficit excesivo").
La explicación principal del descenso de ingresos fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. Tenemos un déficit persistente que impide frenar la deuda y puede obstaculizar la recuperación cuando acabe la era de tipos bajos. El problema serían los ingresos, que apenas crecen aun creciendo el PIB más del 3% (2015-16). Este carácter poco elástico de la recaudación respecto al crecimiento complica las proyecciones de ingresos tributarios y la sostenibilidad fiscal.
Respecto a los gastos, los ajustes han sido severos. En concreto, la inversión pública cayó el 58% entre 2009 y 2016 (ver Ivie, 2017), mientras tendremos que incorporar pasivos contingentes de autopistas o del sector financiero (0,2% y 0,4% del PIB). Y ciertos gastos serán crecientes: los asociados al Estado del Bienestar, y especialmente, las pensiones, debido al envejecimiento de la población y una tasa de fecundidad excepcionalmente reducida. Factores que nos afectan más que a otros países.
El problema es que la deuda, alimentada por sucesivos déficits, se sitúa en los últimos años/meses en torno al 100% del PIB, cuando antes de la crisis era del 36%. Eso sí, la famosa "maldición de Rogoff y Reinhart" (el crecimiento peligra si la deuda supera el 90% del PIB) no se cumple: crecemos más del 3%, muy por encima de la UE, pero con déficits elevadísimos: 5,1% del PIB en 2015 y 4,5% en 2016 (segundo y primero más alto, respectivamente, de la UE). Más de la mitad es estructural, según la Comisión Europea.
Es obvio que tenemos un problema estructural: insuficiencia de ingresos, aún con alto crecimiento, y gastos que, con independencia de la magnitud que ideológicamente se considere óptima, están por debajo de la media europea, pero con tendencia a crecer en partidas clave (pensiones). La escasez de ingresos, según Fedea (2017), no es tanto por bajos tipos impositivos como por exceso de beneficios fiscales. Efectivamente, en el proyecto de 2017, aun disminuyendo un 7,6% sobre el año anterior, ascienden a 32.000 millones, un 2,7% del PIB. Pero más importante es la economía sumergida, aproximadamente 5 puntos de PIB superior a países como Suecia o Alemania.
Los anteriores factores contribuyen a la insostenible precariedad de nuestras finanzas públicas. Debería ser un objetivo prioritario evitar que durante las épocas de expansión la economía española acumule más desequilibrios que haya que corregir en la siguiente crisis, que invariablemente sucederá.
Entidades
