La etapa política y social que atravesamos en España ha hecho triunfar una manera de hacerse hueco en el debate público que se ha llevado por delante cualquier atisbo de presunción de inocencia. La acusación de ha convertido en sacrosanta, en demostración inapelable de culpabilidad y cualquiera que menciona el principio constitucional de que todos somos inocentes y los hechos imputados hay que demostrarlos, es considerado tan culpable como el acusado.
Lo hemos visto recientemente en la política autonómica, donde las posiciones maximalistas de algún partido han borrado de un plumazo el carácter determinante que tiene la instrucción judicial de cualquier procedimiento. La política se adelanta a los tribunales y dicta sus sentencias incontestables, con fuertes altavoces que ratifican esas sentencias populares en horario de máxima audiencia. El transcurrir de una investigación judicial, hecha con todas las garantías jurídicas que establece el Estado de Derecho, debe ser el único juicio solemne al que se somete a cualquier ciudadano, electo o no.
El autobús que denuncia la "trama" corrupta presentado por Podemos va en la misma dirección. Ha elegido caricaturas fácilmente repudiables, personas e instituciones lastradas por casos de corrupción y fraude más o menos probados según cada caso, mezclándolas con otros nombres propios a los que ningún tribunal ha investigado hasta ahora por hecho sospechoso alguno. La iniciativa de Podemos, en la línea marcada por su congreso Vistalegre II, pretende recuperar la calle y la insinuación en la lucha partidista y dar a entender que en ese territorio los de Pablo Iglesias no tienen adversario.
Utiliza el escaparate de las calles y el eco en los medios de comunicación (más esto último que lo primero) para hacer una variopinta mezcla de personajes, temas y demonios que no contribuyen en nada a hacer llegar el mensaje que esta formación política quiere trasladar a la ciudadanía desde su privilegiada posición de tercera fuerza en el Congreso de los Diputados. Sólo los muy fans de la forma de hacer política de este partido, que no son pocos por cierto, van a comprar de manera absoluta lo que pretende denunciar el acusador móvil puesto en marcha esta semana.
En la España actual o se es acusador, o no se es nada. O cada mañana uno pone en su lista de denuncias a una amplia nómina de supuestos corrompidos, o pasará desapercibido en la acción política, mediática o social. El prejuicio se ha convertido en una institución prestigiosa y con millones de seguidores, y corre raudo por todos los canales que ha conseguido colonizar, especialmente los cercanos a las nuevas tecnologías.
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