No han pasado, todavía, ni nueve meses desde las últimas elecciones que permitieron alumbrar unas nuevas cámaras legislativas y formar nuevo Gobierno. Por supuesto que ustedes tendrán en mente el fallido de unas elecciones previas, las propias de diciembre de 2015, las cuales hubieron de ser repetidas, pues en aquellas fue imposible la gobernabilidad. España parece vivir instalada en una crisis política sin precedentes desde la llegada de la democracia a nuestro país, algunos ya opinan que nos estamos italianizando. La política ocupa uno de los aspectos de mayor preocupación entre la opinión pública española. De hecho, el Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de diciembre pasado nos lo confirma, puesto que siete de cada diez españoles consideraban que la situación política era mala o muy mala y ello a pesar de una mejora sobre la encuesta previa. Pues bien, ese caldo de cultivo de crisis política inicia una nueva fase, la posible convocatoria anticipada de elecciones. Ante esta posibilidad la pregunta parece obvia: ¿puede la crisis política perjudicar a la economía española en las actuales circunstancias?
En un primer momento y a la vista de los datos puede pensarse que no tener Gobierno es hasta bueno para el devenir económico del país. El año pasado nuestra economía fue una de las que mayor nivel de crecimiento registró en el mundo. Los datos de desempleo y afiliaciones a la seguridad social marcharon por buen camino propiciando una cierta recuperación del mercado de trabajo. Ahora bien, estos reseñables logros han sido posibles por los más que favorables vientos de cola que la economía española ha tenido durante el pasado ejercicio. Sin lugar a dudas, la bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y su política de compra de activos financieros del Viejo Continente; el incremento del negocio turístico y la caída del precio del petróleo; todo esto puede explicar parte de este impulso de la economía española. Ahora bien, salvo en el tema del turismo, no parece que esas variables tan propicias se sigan dando, incluso el impasse político, si finalmente se confirma, puede complicar la situación.
Empecemos por la política monetaria. En breve, concretamente en abril, el BCE recortará las compras de activos financieros, entre ellos la deuda pública española, y es más que previsible que a finales de este ejercicio se dará por concluida la medida actualmente vigente. Además este jueves Draghi ya nos ha dejado entrever que la posición del banco central no es la misma; todo indica que estamos entrando ya de lleno en una etapa mucho más ortodoxa de política monetaria. La incertidumbre política puede hacer repuntar, especialmente una vez descartado el bálsamo de las compras del BCE, la prima de riesgo en España; así como complicar las subastas del Tesoro. No es desde luego baladí la afirmación: "el contexto político en Europa es bastante complicado". Habrá elecciones en Francia y en Alemania; Italia vive en su permanente precariedad política. Pues bien, que ahora España entre en esa vorágine no nos saldrá gratis, con una deuda rondando el 100 por cien sobre PIB; la financiación y el coste del déficit público es una cuestión clave. Más clave aún cuando somos incapaces de recortar sustancialmente las desequilibradas cuentas públicas, donde además surge el monstruo que plantea el proyecto de financiar pensiones con deuda. Recuerden que hay programada una partida de alrededor de 17.000 millones de euros para financiar pensiones, pues la famosa hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, se va a acabar en junio.
Por cierto, y ya que hablamos de pensiones, la convocatoria de elecciones pospondrá una cuestión que a medio y largo plazo es muy preocupante. ¿Cuál es el Estado del Bienestar que queremos y podemos tener en un país donde el envejecimiento demográfico se extiende rápidamente? No se puede seguir postergando la reunión del Pacto de Toledo para este tema, el agotamiento de la hucha de las pensiones es un ejemplo claro de aquéllo a lo que me refiero. Conviene recordar también que, respecto a la cuestión de la prima de riesgo, y a nuestra credibilidad y estabilidad política, que el país previsiblemente tendrá que hacer frente al desafío secesionista catalán. Desde luego, la posibilidad de estar sin Cortes no será muy bien vista por los inversores y agencias de calificación crediticia. Insisto en que el tema político complica, a priori, mucho el panorama.
Además estamos en momentos donde hay temas que tienen que ser gestionados inmediatamente. Como ejemplo podemos poner el precio de la electricidad o el tema de la estiba portuaria.
No menos importante es la necesidad de tratar la indemnización para los eventuales e interinos, después de que el Tribunal de Justicia de la UE instara a igualarla con la propia de los contratos indefinidos. Son ejemplos, todos ellos, de necesidades totalmente imperiosas de gestión gubernativa.
Por supuesto que esas elecciones pueden traer efectos sobre dos variables básicas: consumo e inversión. Las expectativas de los inversores, ya he comentado algo en el tema de la deuda pública, pueden hacer mellas en los esquemas que manejan. En estos momentos en España continúa la llegada a buen ritmo de flujos para la inversión.
Es crucial que así siga siendo, más en un momento donde el Brexit incrementa la incertidumbre. Un Brexit que por cierto hará que nuestra contribución a la Unión Europea aumente la factura a pagar. Si vamos a elecciones y el resultado no trae consigo un aumento de la gobernabilidad, las consecuencias pueden alterar el buen momento de inversión en nuestro país.
Por supuesto, no se nos puede olvidar el posible impacto en el consumo, especialmente en el de las empresas, pues son más sensibles al entorno económico y político. En el consumo de familias, el efecto puede ser menor o más tardío, dependerá de lo que ocurra con el mercado laboral.
Desde luego, como pueden comprobar el tema político constituye una losa, la cual puede ser muy pesada de cara al escenario económico futuro.