En España, cualquier institución pública, a nivel estatal, autonómico o local, que se retrase habitualmente en pagar a sus proveedores continúa su funcionamiento operativo diario con total normalidad y en virtud de la financiación procedente del Estado. Todo ello, con independencia de cuál sea su grado de morosidad.
De este modo, las administraciones públicas morosas siguen pagando mensualmente las nóminas de sus trabajadores: funcionarios necesarios y dotados de una oposición legalmente ganada, políticos prescindibles (la mayoría de ellos no son necesarios), asesores políticos más innecesarios todavía, empleados públicos enchufados por los partidos políticos, etc.
Esta regla general también es aplicable a nuestro sector público empresarial. Puesto que las empresas públicas, sin importar el nivel de morosidad que pudieran tener, continúan recibiendo puntualmente sus respectivas subvenciones, vía presupuestos del Estado.
No obstante, la citada incoherencia empresarial se suma a la larga lista de privilegios anticompetitivos que en España tienen este tipo de empresas. Gran parte de las empresas públicas son improductivas y, debido a ello, registran cada ejercicio grandes pérdidas económicas. Pero, a pesar de este déficit competitivo que las convierte en empresas prácticamente quebradas, siguen siendo sostenidas económicamente mediante los impuestos de los españoles.
El mercado elimina a las empresas privadas morosas
Por el contrario, un alto porcentaje de las empresas privadas, sobre todo pymes, que presentan problemas para pagar a sus proveedores o pagan con retraso a los mismos suelen fallecer en un concurso de acreedores. Desgraciadamente y en muchos casos, dejando a sus empleados a merced del Fogasa.
Tanto es así, que la competencia se encarga de eliminar a las empresas del sector privado (con la excepción de las grandes corporaciones) que no cumplen con los exigentes compromisos impuestos por el libre mercado. En este caso concreto, en relación a un aspecto financiero tan relevante como es el cumplimiento en tiempo y forma con los pagos a proveedores.
En base a lo anterior, es factible afirmar que la morosidad pública se encuentra "subvencionada" en España. Sin embargo, la morosidad privada es penalizada por el propio mercado. De hecho, cualquier empresa privada que utilice la morosidad como una estrategia económico financiera está abocada a la desaparición. Exceptuando, reitero, a determinadas multinacionales.
El círculo vicioso de la morosidad
En España, el círculo vicioso de la morosidad lo suele poner en marcha la Administración, debido a que el ingente gasto político improductivo que despilfarra, ejercicio tras ejercicio, provoca un desequilibrio que descuadra las cuentas públicas. El resultado no es otro que el retraso en los pagos a proveedores.
La Administración, con posterioridad, le cede el turno de la morosidad a sus proveedores, que suelen ser mayoritariamente pymes y autónomos, los cuales se convierten también en morosos respecto a sus propios interproveedores. De tal modo, que el círculo moroso continúa dando vueltas y vueltas.
Por tanto, la morosidad de la Administración Pública es la que contagia al sector privado y, de esta manera, lo convierte en moroso, creando un entorno económico tercermundista en nuestro país.
Pero, contradictoriamente y sin tener en cuenta el origen de la morosidad, el Gobierno socialista del PP tiene la intención de multar o gravar fiscalmente a las empresas privadas que incumplan la Ley de Morosidad. Sin plantear ningún régimen sancionador que pudiera aplicarse a la morosidad pública.
La excusa esgrimida por el Gobierno para impulsar tal iniciativa no es otra que intentar reducir los abusos a los que son sometidas las pequeñas empresas por parte de las grandes compañías.
Recordemos que las grandes empresas, al estar dotadas de un mayor poder de negociación contractual, suelen "obligar" a sus proveedores (pymes y autónomos) a asumir excesivos plazos de cobro. Por ejemplo, las multinacionales líderes del sector textil, alimentario, etc., pagan a sus proveedores a muy largo plazo.
Agravio comparativo
En consecuencia, el principal problema de esta medida populista radica en el agravio comparativo que conlleva la misma. Tanto en cuanto, si se sanciona la morosidad privada, también se debería sancionar la morosidad pública (evidentemente, las sanciones a la Administración no podrían tener naturaleza fiscal).
De la misma manera que si la Agencia Tributaria publica una lista con los nombres de los directivos que dirigen empresas privadas morosas, el Ministerio de Hacienda y Función Pública debería publicar un listado con los nombres de políticos que mal gestionan administraciones morosas.
Porque los efectos de la morosidad pública en la economía española tienen un impacto demoledor, cuyas consecuencias son la destrucción de una gran parte de nuestro tejido empresarial. (No olvidemos que la morosidad de la Administración en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero provocó la muerte de varios cientos de miles de pymes y autónomos).
En la actualidad y según datos aportados a finales de 2016 por ATA (Federación Nacional de Trabajadores Autónomos), las administraciones públicas tardan en pagar actualmente a sus proveedores autónomos (y pymes) 78 días de media. Siendo las autonomías las que más demoran el pago de las facturas. En concreto, la media de pago de nuestras CC.AA., se situó a finales del pasado ejercicio en 90 días. Los ayuntamientos pagan a sus proveedores en 66 días. Y, por último, el Estado presenta una media de pago a proveedores de 55 días.
El gran problema de España
El gran hándicap que tiene la economía productiva en España es que el objetivo prioritario de los partidos políticos es "mantener su chiringuito" a salvo. Es decir, camuflado en una elefantiásica, ineficiente y económicamente insostenible Administración.
Y para conseguir tal fin, el gobierno de turno tiene que adoptar una estrategia político económica basada en estrangular fiscal, laboral y legalmente al sector privado.
PD: La citada medida, consistente en sancionar únicamente la morosidad del sector privado, se encuentra enmarcada en el pacto de Gobierno suscrito por el PP y Ciudadanos.
