En España, el comunismo trasnochado es en la actualidad patrimonio exclusivo de Podemos y sus derivados. Sin embargo, existe una lucha feroz entre el PP, el PSOE y Ciudadanos por enarbolar la bandera del socialismo en nuestro país.
Este posicionamiento a la izquierda de los principales partidos políticos españoles, tanto en cuanto son ellos los protagonistas de la negociación de los presupuestos, garantiza que España estará deficientemente gestionada durante esta legislatura.
Hace varios meses, el PP y Ciudadanos suscribieron un pacto de gobierno, denominado 'Pacto PP-Ciudadanos'. Este acuerdo gubernamental y presupuestario incluye 150 medidas que, en el hipotético caso que salieran adelante, solo conseguirán incrementar el gasto público. Recordemos al respecto que el coste de implantación de las mismas asciende a 28.500 millones de euros.
El Gobierno del PP y Ciudadanos, centrándose sobre todo en la subida de impuestos y al objeto de financiar las medidas propuestas en el citado pacto, diseñaron un plan de viabilidad cifrado en 29.000 millones de euros (500 millones más de lo que cuesta el pacto). Todo ello, se proyectó para ser ejecutado durante la presente legislatura, siempre que se agote la misma y, por tanto, no se convoquen elecciones anticipadas.
Gasto público político innecesario
Es de justicia resaltar que algunas de las medidas incluidas en el mencionado pacto están más o menos bien planteadas, tales como las relativas a mejorar las condiciones del RETA (el Congreso aprobó el 2 de diciembre tramitar la reforma de este régimen a través de la nueva 'Ley de Autónomos'), dotar de independencia a la Justicia, luchar contra la corrupción política, etc.
Sino fuera porque no existe otro pacto paralelo destinado a la reducción drástica del gasto público político innecesario que pudiera equilibrar la inversión que se requiere para poner en marcha las mismas.
Porque en el Pacto PP-Ciudadanos no se contempla ninguna medida dirigida a reducir el despilfarro derivado de la burbuja político administrativa existente en las CCAA. Aún, conociendo que nuestras económicamente insostenibles y corruptas autonomías necesitarán otro rescate de 30.000 millones de euros en 2017.
De hecho, en el referido pacto solo se incluye un recorte enfocado en reducir las duplicidades en las diputaciones provinciales (que casi con total seguridad no se llevará a efecto). Este único ajuste administrativo está cifrado en 7.000 millones de euros y programado para ejecutarse escalonadamente en 4 años.
Respecto a las negociaciones presupuestarias con los partidos nacionalistas, todo hace indicar que las mismas también producirán un considerable incremento del gasto público improductivo. Pero lo peor es que este aumento del gasto estará dirigido a potenciar acciones independentistas.
Y para rematar la faena, el PSOE, fiel a su tradición despilfarradora, también ha apostado por gastar más, ya que ha conseguido pactar con el Gobierno que las autonomías puedan flexibilizar el objetivo de déficit y se suba el SMI por decreto, es decir, sin tener en cuenta la conveniencia ni el momento económico laboral oportuno para subirlo.
Dictadura fiscal
Considerando lo anterior, no es difícil imaginar que la principal estrategia de anti gestión que el nuevo gobierno desarrollará en su plan director, y al objeto de cumplir con los objetivos de déficit marcados por Bruselas, estará basada fundamentalmente en la subida de impuestos. (Justo al contrario de lo que están planificando otros países como EEUU, Reino Unido o Francia, que tienen el objetivo de impulsar la competitividad de sus economías a través de la reducción de impuestos).
Tanto es así que el Gobierno aprobó el pasado viernes una subida fiscal cuyo objetivo es recaudar 8.000 millones de euros adicionales en el ejercicio 2017, vía Impuesto de Sociedades, impuestos especiales, medidas antifraude...
No obstante, nuestra economía no puede ser competitiva si se machaca a impuestos a las empresas y a las familias al objeto de financiar a un macro Estado económicamente inviable e integrado por 17 autonomías que no hacen más que despilfarrar el dinero público a través de, por ejemplo, sus deficitarias televisiones públicas, fundaciones subvencionadas, organismos ineficientes y repletos de "personal enchufado y no funcionarial", etc.
No olvidemos que durante la presente legislatura, España tiene que enfrentarse a multitud de hándicaps estructurales que amenazan la sostenibilidad a medio-largo plazo de nuestro Estado del Bienestar: una deuda pública que ya ha superado el PIB, una altísima tasa de desempleo que podría permanecer en un nivel elevado durante los próximos años (independientemente que continúe el ritmo de creación de empleo actual), un sistema de pensiones prácticamente quebrado, una sanidad asfixiada por los recortes y deteriorada a nivel asistencial, etc.
Un PP cada vez más socialista
El viejo socialismo del nuevo PP está fundamentado en la aplicación del terrorismo fiscal como medida económicamente coercitiva, de presión social y control mediático.
Toda una contradicción, debido a que ha sido la casta política y sindical la causante de la particular crisis financiera que ha dejado a España casi en quiebra. Pero, por el contrario, son los ciudadanos los encargados de tapar este desfalco a base de trabajar 6 meses al año para el Estado y los otros 6 meses restantes para intentar sobrevivir económicamente.
Las consecuencias de todo ello pueden ser nefastas, porque la progresiva extinción de la clase media, que es la base de la estabilidad democrática de cualquier país, está "latinoamericanizando" a España de forma peligrosa.
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