El ministro Cristóbal Montoro planea penalizar fiscalmente a las grandes empresas que incumplan la ley de morosidad. Sin duda, las firmas que demoran los pagos más allá de los 60 días que la norma establece perjudican a sus proveedores, y Hacienda demuestra su compromiso con la solución de este problema.
Ahora bien, debería exhibir el mismo celo ante las Administraciones que frente a las empresas. No en vano, aun cuando los retrasos en pagos de las autonomías han bajado, todavía superan en promedio los 30 días que la ley prescribe.
El Gobierno, por tanto, tiene que evitar los dobles raseros y demostrar que la mayor disciplina que exige a las empresas no es otro recurso para elevar aún más su tributación, tras subir Sociedades y las cotizaciones sociales.
