En la legislatura que acaba de comenzar, el Gobierno ha colocado en el centro de la diana de Hacienda y la Seguridad Social tanto a las grandes empresas como a las pymes y a los autónomos, castigando con ello a la economía productiva. En consecuencia, la clase media será la gran damnificada de este nuevo atraco gubernamental.
Recordemos que el ejecutivo del PP ya expolió a los pequeños negocios y a la clase media en la anterior legislatura, tal como también ha hecho siempre el PSOE cuando ha desgobernado España.
El Gobierno tenía dos alternativas antes de tomar esta decisión: eliminar el ingente gasto público político improductivo de la Administración autonómica o masacrar fiscal y laboralmente a las empresas españolas. Y ante tal disyuntiva, la segunda opción es la que finalmente ha elegido, perjudicando otra vez al sector privado, que es el que está pagando la cuenta dejada por nuestros políticos y sindicalistas, principales causantes de la particular crisis que ha arruinado a España.
El gran problema que plantea tal estrategia no es otro que el grave y negativo impacto que la misma tendrá en la competitividad empresarial y en el empleo. En función de lo cuál, la economía de nuestro país será mucho menos competitiva.
Las pymes sufrirán las consecuencias del nuevo expolio fiscal y laboral en mayor medida que las grandes empresas. (En contra del político marketiniano mensaje oficial lanzado por el Gobierno a todos los grupos de interés).
Las pymes perderán competitividad
No olvidemos que la crisis ha castigado de manera extraordinaria a las pymes y los autónomos. De hecho, durante los años más duros, en concreto, entre 2007 y 2014, las pequeñas empresas perdieron competitividad frente a la gran empresa.
Las grandes empresas consiguieron durante este periodo de tiempo mantener un nivel de facturación estable, entre otros factores, debido a la internacionalización y la exportación. Es decir, en virtud de la mayor capacidad que tienen las compañías de gran tamaño de lograr un porcentaje elevado de su cifra de negocio en el exterior. Por el contrario, las ventas de las pymes españolas se contrajeron un 32% en esta etapa.
En relación a la facturación por empleado, mientras las grandes empresas aumentaron la misma un 10%, las pymes descendieron un 8%. De igual manera, la media de empleados de las grandes empresas creció un 7%, sin embargo, en las pymes se redujo un 27%. Además, la rentabilidad de la gran empresa se redujo en cinco puntos porcentuales y la de las pymes en siete.
Estos datos están extraídos de un estudio titulado 'Business Barometer Back to Basics', que ha analizado los estados financieros de más de un millón de empresas en España durante ocho años de crisis (2007-2014). El mencionado trabajo ha sido supervisado por los profesores del IESE Eric Weber y Miguel Ángel Ariño.
Pocos medios y empleo inestable
La principal conclusión que se obtiene de este informe es que las grandes empresas han resistido mejor estos años marcados por la crisis que las pymes y, por consiguiente, también resistirán más firmemente los nuevos embites fiscales y laborales del Gobierno.
Porque las empresas dotadas de un mayor tamaño poseen mucha más capacidad de adaptación a entornos desfavorables.
El citado barómetro también demuestra que cuando el mercado sufre fluctuaciones, las pymes son penalizadas de manera automática en virtud de sus escasos medios, sus endebles estructuras y sus mínimas posibilidades de generar empleo.
Tanto es así que las pymes tienen mucho más riesgo que las grandes empresas de fallecer en un concurso de acreedores, de sufrir un ERE, etc., cuando tienen que operar en un entorno hostil, esté provocado el mismo por una crisis financiera, un contexto de incertidumbre política, una política fiscal económicamente anticompetitiva, una política laboral empresarialmente insostenible etc.
En definitiva, las pymes y los autónomos españoles, que representan, aproximadamente, el 98% del tejido empresarial y casi el 80% del empleo, se verán en mayor medida perjudicados por la política socialista y cortoplacista del Gobierno que las grandes empresas, independientemente que éstas últimas también salgan fiscalmente escaldadas.
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