Las vísperas de las vacaciones y los puentes festivos suelen ser fértiles para la información. El Gobierno aprobó este viernes la mayor subida de impuestos desde la victoria de Mariano Rajoy en 2011. Nada menos que 7.500 millones, de los que más de la mitad corresponden al Impuesto de Sociedades y a las cotizaciones sociales. El acuerdo de la OPEP esta semana nos salvó de un alza en hidrocarburos por temor a que se disparara el coste de los carburantes y repercutiera de manera negativa en el consumo.
El ministro de Hacienda vuelve a actuar con nocturnidad y alevosía, por medio de un regate en corto que dejó fuera de juego a Luis de Guindos. El titular de Economía tenía el encargo de Rajoy de negociar los Presupuestos con Ciudadanos, pero solo le dio tiempo a mantener la primera reunión. Cristóbal Montoro se adelantó y pactó con los socialistas una relajación de los déficit autonómicos para 2017 hasta el 0,6% a cambio del visto bueno al techo de gasto presupuestario.
El equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria funciona con la precisión de un reloj suizo, porque mientras Montoro dejaba pasmado a Guindos, la ministra de Empleo, Fátima Bañez aceptaba la mayor subida del salario mínimo en 30 años, hasta 707 euros. El objetivo es ganar el apoyo de los socialistas para los Presupuestos y no depender de Ciudadanos.
La relación de Albert Rivera con el presidente es bastante fría y distante, mientras que la del ministro de Hacienda con el equipo económico integrado por Luis Garicano, Francisco de la Torre y Toni Roldán es más bien gélida. La causa está en la amnistía fiscal, que Hacienda se niega a reconsiderar.
La carta enviada por la Agencia Tributaria a los que se acogieron a la amnistía, advirtiéndoles de que sus declaraciones no prescriben y están bajo la lupa de Hacienda, es considerada como una pantomima por C's, que exige revisar uno por unos los expedientes e incrementar los gravámenes sobre lo presuntamente defraudado.
Sorprende que, pese a los desplantes del ministro de Hacienda, Ciudadanos trague con la importante subida de impuestos sin rechistar. Sobre todo, porque el paquete no incluye ni una sola medida concreta de ajuste del gasto público. Sólo Santamaría hizo referencia a que continuará la austeridad de las administraciones públicas, pero sin especificar más. El populismo comienza a hacer estragos también en el centro-derecha. Con una oposición fieramente a la izquierda, nadie se atreve a ajustar el gasto.
Si se van de puente, aprovechen para relajarse porque la ministra de Empleo amenaza con arreglar el déficit de la Seguridad Social a golpe de incrementos de las cotizaciones sociales, justo lo contrario que demandan las empresas para crear puestos de trabajo. Las subidas anunciadas este viernes son el primer paso hacia el destope total de las cotizaciones para los sueldos altos. Y, por supuesto, que se olviden de a cambio disfrutar de una pensión mayor.
Los barones socialistas, que rigen en más de media docena de autonomías, dieron su brazo a torcer en el techo de gasto para aliviar sus déficit. Ahora queda lo más difícil, lograr que apoyen los Presupuestos. No sé qué se sacará ahora Montoro de la chistera para convencerlos. Pero seguro que no es gratis ¡Esto más que un Presupuesto, parece una subasta pública al mejor postor!
Donde el PSOE traza, de momento, una línea roja es en el nombramiento de cargos públicos. Guindos tuvo que designar como subgobernador a Javier Alonso, un técnico del Banco de España, en lugar de a su buen amigo Jordi Sevilla, debido a la zozobra de los socialistas. El exministro de Trabajo queda en la reserva, quizá para cuando venza en un par de años el cargo del gobernador, José María Linde, a quien Guindos considera un verso suelto, como lo fue Margallo.
Mientras Montoro se trajinaba a los socialistas para su potente alza fiscal, Guindos cocinaba el relevo de Ángel Ron al frente del Popular. La caída de las acciones, en alrededor del 70 por ciento desde la última ampliación, inclinó la balanza de la mayoría del consejo en su contra. El ministro primero telefoneó a Ron para darle su apoyo, pero desde la visita del magnate Antonio del Valle a su despacho para proponerle a Emilio Saracho, comenzó a sondear al resto de la banca española en pos de una fusión.
Guindos se rindió a la evidencia, tras comprobar que ninguna entidad financiera, ni siquiera Sabadell o CaixaBank, que en el pasado coquetearon con una integración, estaban ya dispuestos a dar ese paso. Las riñas entre los socios suelen deteriorar la gestión y determinaron a Guindos a dar el relevo.
El elegido es un banquero de renombre internacional, que pertenece al círculo de amistades de Amancio Ortega y de Pablo Isla y que en el pasado tuvo estrechas relaciones con los Botín y con Alfredo Sáenz, antes de asumir una vicepresidencia de JP Morgan. Una hoja de servicios impecable, que lo convierte en un candidato irrefutable.
Saracho se tomó semanas para rumiar su decisión. Llevaba tiempo queriendo volver a España después de una larga enfermedad, de la que afortunadamente está ya recuperado. Los fines de semana era uno de los pasajeros habituales de la línea aérea Londres-Madrid y viceversa, para disfrutar de su finca en Toledo. Sobre todo, en temporada de caza.
Quienes le conocen, aseguran que viene con un plan bajo el brazo para reflotar el Popular, que pasa por integrarlo en otra entidad de mayor tamaño, después de sanearlo. Una tarea titánica. Entretanto, crucen los dedos para que Matteo Renzi gane el referendo de este fin de semana.
