UGT Y CCOO, en el marco de la renovación del acuerdo para la negociación colectiva relativo al próximo ejercicio, han propuesto a CEOE un suelo salarial del 1,8% (tres décimas superior a la previsión de inflación), y un techo del 3% (las previsiones de crecimiento de nuestra economía).
No obstante, los citados sindicatos se mostraron dispuestos a moderar su propuesta salarial si llegan a un acuerdo con la patronal para pedir al Gobierno que el Salario Mínimo Interprofesional suba el próximo año desde los actuales 655 euros mensuales a los 800 euros. Los sindicatos tienen como objetivo final de esta legislatura incrementar el SMI hasta 1.000 euros.
Recordemos, al respecto, que el Pleno del Congreso aprobó hace escasos días tramitar una ley, a propuesta de Comú Podem, con el objeto de aumentar progresivamente el SMI hasta alcanzar los 950 euros en 2020. Sin embargo, para llevarse a cabo esta reforma legislativa, todavía deberá tramitarse la misma en la Comisión de Empleo y recibir enmiendas de los grupos parlamentarios.
El intervencionismo público político, en todas sus múltiples versiones y magnitudes, es el mayor hándicap que se encuentra la economía española.
Cuándo subir los salarios
Aunque la economía española cumpla las previsiones de crecimiento, cualquier subida de salarios debería estar supeditada a la productividad (y competitividad) de las empresas.
Sobre todo considerando que España se encuentra en una fase de "recuperación económica no consolidada". Y, del mismo modo, nuestro país aún soporta una altísima tasa de paro.
De hecho, la economía española no es suficientemente competitiva en la actualidad. En este sentido, un cóctel económico laboral que combine una subida de salarios y un alto nivel de desempleo podría acarrear un incremento del paro.
En consecuencia, el punto de equilibrio que indica el momento oportuno de subir los salarios será el definido conjuntamente por un crecimiento económico adecuado, un incremento en la productividad de las empresas y un gran aumento en la creación de empleo.
El mercado es sabio
Es el mercado, en virtud, entre otros factores, de la oferta y la demanda, el que debe determinar cuando es necesario subir los salarios. Cualquier decreto a tal efecto no haría más que restar competitividad a nuestra economía.
Porque cada empresa, de manera individual, conoce en función de su nivel de productividad si puede subir los salarios o no. Por ello, las empresas deben negociar los convenios colectivos ligando sus niveles salariales en función del índice de productividad, la capacidad económica y las posibilidades de crecimiento. Sobre todo, teniendo en cuenta que el coste más relevante para una empresa es el relativo a los salarios de sus empleados.
El IPC no es la referencia, ni siquiera orientativa, de las subidas salariales. Y tampoco pueden adoptarse las mismas en virtud de ningún convenio sectorial, tal y como pretenden los sindicatos. No olvidemos que la reforma laboral priorizó el convenio de empresa sobre el sectorial en determinadas materias, tales como el salario.
Si la ley obligara a las empresas a aumentar los salarios, las consecuencias serían que aquellas compañías que no sean suficientemente productivas (y, por ende, competitivas) para afrontar la subida salarial, despedirían a unos empleados mientras le subirían el sueldo a otros. O, directamente, acabarían en un concurso de acreedores.
Los sueldos políticos
Otro aspecto que se debería considerar a la hora de subir los salarios es el referente a los macro desajustes salariales existentes en España. Puesto que los mismos restan competitividad a nuestra economía.
El mayor desequilibrio retributivo viene derivado del desfase existente entre la media salarial en el sector público y en el sector privado. Tanto en cuanto, los últimos y recientes datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística indican que la media salarial en la Administración Pública supera en más de 800 euros a la media de los salarios en las empresas privadas.
Según el INE, la media salarial del sector público es más alta que la del privado debido a que en la Administración existe un porcentaje más elevado de empleados con titulación superior y mayor antigüedad laboral. Además, el sector privado emplea a más trabajadores a tiempo parcial.
Esta argumentación es cierta, no obstante, al INE se le ha olvidado incluir en ella un importante factor: la media salarial en la Administración Pública está inflada debido a los altísimos, injustificados e insostenibles sueldos del numerosísimo personal político, de sus asesores, enchufados, etc. Sobre todo, en las comunidades autónomas, ya que la administración regional posee la media salarial más alta.
No se trata de un asunto baladí, considerando que el incoherente, injusto y escasamente equitativo sistema retributivo implantado actualmente en la Administración influye tanto en las subidas salariales de los empleados públicos como en las de los trabajadores del sector privado.
La primera medida
La primera medida salarial que se debería adoptar en la Administración tendría que estar encaminada a bajar drásticamente los salarios a los políticos, asesores..., que no sean necesarios (o, mejor aún, eliminar estos puestos directamente). Y la segunda medida debería consistir en ligar las subidas salariales en el sector público al cumplimiento del déficit y a la reducción drástica de la deuda pública.
La economía productiva, es decir, las empresas privadas no pueden seguir cargando, vía aumento de impuestos, con esta losa público salarial.
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