Colombia ha cumplido sus amenazas y ha intervenido Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa en el país. La medida indica que de poco han servido los esfuerzos de la cúpula de la gasista, que se reunió con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para tratar de llegar a un acuerdo que evitara lo que finalmente ha ocurrido.
El conflicto nace a raíz de los problemas de la filial para garantizar el suministro eléctrico a sus 2,5 millones de clientes. Nadie niega la necesidad de realizar fuertes inversiones en las redes para mejorar el servicio y evitar así los apagones.
El problema es que el peculiar sistema eléctrico colombiano no permite que Electricaribe alcance la rentabilidad, al estar obligada a soportar muchos costes que le son ajenos. Además, el marco regulatorio del país no pone coto a los impagos ni al hurto, lo que hace que la filial tenga pendientes de cobro facturas por valor de 1.260 millones de euros, derivadas de deudas con organismos oficiales y barrios deprimidos.
A pesar de ello, el Gobierno seguía exigiendo que Electricaribe invirtiera 630 millones en la mejora de redes. Ante esta situación, la española ha hecho lo correcto, al tratar de llegar a un acuerdo, pero mostrándose firme al negarse a realizar inversiones ruinosas. Por contra, la respuesta colombiana enviando a la policía y al ejército a las 21 sedes de Electricaribe, tomando posesión de la firma, supone un importante error.
Es cierto que no es una expropiación, sino una intervención temporal que no afecta a los resultados de la empresa, al conservar la gasista la propiedad. Pero también es verdad que la medida no aporta soluciones al problema y, sin duda, genera una inseguridad jurídica muy perjudicial para la imagen del país, que acabará pasándo factura.