El status, a través de sus portavoces políticos, mediáticos e intelectuales orgánicos, suele calificar de demagógicos los análisis, críticas o propuestas de quienes exponen una durísima realidad social más que evidente y que además contrasta con los escándalos económicos y la exhibición de lujos asiáticos de quienes forman parte de ese status.
La RAE, con evidente connotación de clase dominante, define la demagogia en su primera acepción como gobierno tiránico del pueblo. El interrogante que ésta provoca en un sistema autodenominado democrático en pleno siglo XXI es obvio. ¿Quién o quiénes no son el pueblo? ¿Contra quién gobierna? La segunda acepción es clarificadora. La define como empleo de halagos, falsas promesas, para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la ambición política.
Las primeras objeciones son obvias. ¿Quién define lo que es difícil de cumplir? ¿Los DDHH y los contenidos sociales de la Constitución? Ateniéndonos a la definición, la denuncia de desigualdades, la crítica a la situación de ciertos grupos sociales o el análisis de las injusticias y agravios comparativos no constituyen halago o promesa de cambio, sino una rigurosa evidencia y, en consecuencia, un hecho científicamente cierto.
¿Es eso demagogia? Pero si incluso el aspirante a gobernar promete cambiar las cosas según el estado de derecho, ¿se le puede imputar falsedad o intenciones aviesas? ¿Es pernicioso querer alcanzar el favor público para conseguir otra situación objetivamente mejor? ¿Enjuiciamos intenciones como hacía el Santo Oficio?
Dos conclusiones surgen casi sin esfuerzo. La primera, que demagogia es predicar la desregulación, la primacía del mercado, la privatización o la destrucción del estado del bienestar bajo la promesa de que habrá más libertad e igualdad. En ese sentido, las promesas de Rajoy en campaña son un caso notorio. Y la segunda, que la RAE debería actualizar su diccionario y no mantenerlo anclado en la antigüedad clásica.
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