Tras siete meses de espectáculo indecoroso, zafio y ramplón, las espadas siguen en alto y parece, en los momentos en que esto se escribe, que la tercera convocatoria electoral es posible y hasta probable. Cada cual finge ser lo que no es. PP y PSOE han clausurado la memoria de las reformas laborales, la reforma del artículo 135 de la Constitución y su respaldo a las medidas de la UE, las intervenciones de la OTAN o el incremento de la presencia militar USA en nuestro país.
Ciudadanos rememora a aquel zascandil de la Corte de Felipe IV llamado Fernando Valenzuela. Y casi todos los demás siguen absortos en el enredo de esta inmensa corrala que es España. Pero el colmo de boutades, y exhibición de cinismo, se lo llevan aquellos que a todas horas se autoproclaman "constitucionales".
Es decir, aquellos que tienen como norte, guía y referencia insoslayable el texto constitucional de 1978. Y erigiéndose en avalistas y garantes de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las propuestas y opiniones de los ajenos al clan, pontifican, acusan y se erigen en la verdad cuasi revelada.
Mientras tanto, la Constitución de 1978 es el documento más incumplido, traicionado y olvidado desde que el Tratado de Maastricht fuera sustituyendo paulatinamente y en base a los hechos consumados Capítulos enteros de la Constitución. El drenaje de recursos que el Gobierno está haciendo con la llamada hucha de las pensiones, las reformas laborales, las del texto constitucional, el paro, la precariedad y las bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, apuntan a un escenario en el que la privatización del sistema es presentada como ineluctable y acorde con los tiempos.
En consecuencia el artículo 50 de la Constitución va camino de la inanidad absoluta. ¿Qué opinan los constitucionales? Da miedo pensar la ligereza con que se habla del cambio constitucional sin tener en cuenta la necesidad prioritaria de forjar el contrapoder que lo haga posible y en beneficio de la inmensa mayoría.